El año pasado, la decisión del gobierno de Castellón de duplicar la tasa de basura generó un amplio debate, con mucha información contradictoria sobre los motivos y las diferencias en el cobro entre ciudadanos. Aunque la situación parece haberse calmado, la realidad es que el coste de la gestión de residuos sigue siendo una carga para los vecinos de Castellón, que ven cómo la tasa se incrementa año tras año.
Según el artículo, la concejala Carrasco ha priorizado la búsqueda de culpables externos en lugar de mejorar la gestión de residuos para reducir el importe de la tasa. Como consecuencia, se espera que la tasa vuelva a subir tanto en 2026 como en 2027. Se pone de manifiesto que ayuntamientos como Betxí, gobernado por Compromís, han logrado bajarla, demostrando que el incremento no es solo una imposición de la ley estatal, sino también fruto de una gestión deficiente.
El artículo también señala que Castellón ha pagado seis millones de euros en tasa de vertedero a la Generalitat Valenciana, dinero que, según la crítica, no se ha reinvertido en mejorar la gestión de residuos. Se desmiente el anuncio de Carrasco sobre una posible reducción de la tasa para la mayoría de ciudadanos este 2026, calificándolo de propaganda y mentira, basándose en los números del ecoparque, la redacción de la ordenanza y las domiciliaciones bancarias.
La conclusión es que la política de residuos de Carrasco se basa en la propaganda y la nula gestión, culpando a los demás en lugar de trabajar para encontrar soluciones. Para que la tasa de basura baje, se considera necesario reducir la generación de residuos, mejorar la separación de la orgánica, el vidrio, los envases y el papel, aspectos que, según el artículo, no se están fomentando desde el gobierno municipal.
