La Asociación de Vecinos de las calles San José, junto a residentes de la calle Mayor y algunas viviendas de la calle Cervantes, han decidido coordinar un frente común para reclamar la "responsabilidad patrimonial" de la Administración tras años de inactividad. Los primeros análisis periciales apuntan a una afectación de casi 150 viviendas, con distinta gravedad.
El peritaje colectivo busca cuantificar los daños en una trama urbana histórica "que nunca estuvo diseñada para soportar el tránsito de autobuses de alta frecuencia". Las inspecciones preliminares señalan un patrón de daños similar en varios inmuebles: grietas estructurales vivas, desprendimientos en fachadas y riesgo de colapso por abandono institucional. "No estamos ante un problema estético ni de una sola vivienda aislada", declaran los vecinos, que piden una alternativa menos lesiva al recorrido actual.
La situación se agrava en días de lluvia, ya que la falta de alcantarillado suficiente, la fuerte pendiente y la proximidad de los vehículos a las viviendas provocan que el agua penetre en los inmuebles, deteriorando las cimentaciones. La asociación considera "especialmente grave" que se mantenga una circulación incompatible con la conservación de este entorno histórico protegido, considerado patrimonio valenciano.
Los vecinos recuerdan que los propios servicios técnicos municipales ya identificaron en noviembre de 2017 la relación entre el tráfico pesado y las afecciones a las viviendas, reconociendo las vibraciones que provocan microfisuras y desprendimientos. Un expediente de febrero de 2025 de la Concejalía de Movilidad también reconocía la sobreexposición al ruido y vibraciones, y la necesidad de un desvío permanente.
La asociación presentará una macroalegación colectiva a la licitación del nuevo mapa de transportes de la Generalitat Valenciana, complementada con los informes periciales. Han hecho un llamamiento a todos los propietarios afectados para que se unan a la auditoría técnica. Se recuerda que este año dos viviendas han tenido que ser apuntaladas y una derruida, con desprendimientos de cascotes a la vía pública.
La reclamación se plantea como una afección continuada derivada del mantenimiento de líneas de autobús y tráfico pesado en calles históricas vulnerables. Jurídicamente, se fundamenta en el artículo 32 de la Ley 40/2015, sobre el derecho a ser indemnizado por las administraciones, y el artículo 67.1 de la Ley 39/2015, sobre el plazo de prescripción, aplicando la doctrina del daño continuado.
