La polémica se ha generado a raíz de la solicitud de una licencia ambiental para implantar una instalación de gestión de residuos de la construcción y demoliciones (RCD) en el Sector Cassanya, una zona calificada como Suelo Urbanizable No Ordenado de uso terciario y residencial. La proximidad a núcleos de población y la posible afectación a suelos reservados para uso dotacional educativo han encendido las alarmas vecinales.

La empresa promotora, Demoliciones y Servicios Menguilló S.L., argumenta un bajo impacto ambiental y ampara su petición en artículos de la Ley del Suelo relativos a suelos no ordenados, calificando su actividad como 'industrial' y pidiendo una licencia 'provisional'. Sin embargo, la documentación del proyecto clasifica la actividad dentro del "Grupo A", el de mayor control por contaminación, generando contradicciones sobre su supuesta inocuidad.

Los vecinos rechazan la implantación de la planta, que implica el tránsito de camiones de gran tonelaje, la acumulación de residuos al aire libre y el funcionamiento de trituradoras que generan contaminación acústica, vibraciones y polvo. Advierten que una actividad de esta índole puede condicionar el futuro desarrollo urbanístico y terciario de la zona, generando un "efecto disuasorio" para futuras inversiones.

Las alegaciones presentadas, que superan el centenar, solicitan la denegación de la licencia ambiental y de cualquier autorización urbanística provisional, argumentando que el proyecto no es un uso industrial ordinario compatible con el entorno residencial y que las medidas correctoras propuestas no son suficientes para resolver la incompatibilidad urbanística.

La situación ha generado un debate político. El PSPV de Castellón ha presentado su propia alegación, acusando al gobierno municipal del PP de incumplir el Plan General y de permitir la instalación. Por su parte, el PP atribuye el origen del conflicto a la modificación del Plan General realizada por el anterior gobierno socialista y defiende que se estudiarán las alegaciones antes de tomar una decisión.

El expediente se encuentra pendiente de los informes técnicos y urbanísticos municipales. La compañía solicita una "evaluación ambiental simplificada", pero la proximidad a zonas habitadas podría requerir un informe de impacto ambiental más amplio. La alcaldesa de Castellón, Begoña Carrasco, tiene programada una reunión con los vecinos afectados.