Esta decisión busca mejorar la eficiencia y la atención ciudadana en comparación con el actual local, ubicado en la calle Torres Quevedo. El contrato de alquiler tendrá una vigencia de diez años, con la posibilidad de prórroga por un periodo similar.

El Consistorio busca un espacio amplio para optimizar la logística, reducir los costes de mantenimiento y facilitar la coordinación del personal. Los técnicos municipales justifican que el centro social actual ya no puede dar respuesta a las necesidades de actividades, servicios ni al espacio requerido para el personal municipal.

La nueva ubicación estará delimitada en el área entre las calles Poeta Miguel Hernández, Antonio Pascual Quiles, La Torre y la calle Conrado del Campo/Andreu Castillejos. El equipo de gobierno espera que un único local facilite el acceso de los vecinos a los diferentes servicios municipales del barrio en un solo punto, creando un centro de referencia para la zona.

A nivel económico, esta medida supondrá una mayor eficiencia para las arcas públicas, ya que actualmente se pagan tres alquileres diferenciados por el centro juvenil, la sala de estudios y la Omac. Como estas necesidades son de carácter permanente, se considera conveniente agruparlas en un solo contrato de arrendamiento.

La administración local busca un espacio mínimo de 700 metros cuadrados con una superficie de hasta 1.000 metros, con al menos una docena de despachos o salas (de 15 m² cada una), una sala de reuniones de 50 m², una sala de espera de 25 m² y una sala de actividades de 80 m². Además, deberá cumplir la normativa de accesibilidad vigente y contar con al menos un aseo adaptado, con la posibilidad de dos entradas independientes para los distintos servicios. La idea es definir un contrato de diez años con un presupuesto máximo de 6.000 euros mensuales.

Este cambio se enmarca en la zonificación diseñada por la concejalía de Acción Social, que busca una intervención más cercana en los barrios. La nueva zonificación de atención primaria de Servicios Sociales pasará de cuatro a siete zonas básicas, reduciendo la población de cada una y facilitando intervenciones más cercanas, liberando carga de trabajo a los técnicos y permitiendo un seguimiento más específico. Esta medida se pondrá en marcha el 5 de mayo.