La resolución, firmada por el alcalde, afecta a proyectos como el de Metrovacesa en la playa del Acequión, cuya vigencia se ha extendido hasta finales de 2027. El objetivo municipal es evitar que los instrumentos urbanísticos caduquen y obliguen a reiniciar todo el proceso administrativo desde cero, en un contexto donde la normativa actual y varias sentencias judiciales han paralizado estas iniciativas.

La construcción de estas torres, que suman decenas de plantas de altura, se encuentra invalidada por sentencias del Tribunal Supremo y del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. Los tribunales han dado la razón al Ministerio para la Transición Ecológica, argumentando que los proyectos vulneran la ley de Costas y generan un impacto negativo en el paisaje y el campo visual de la fachada marítima.

Además del proyecto del Acequión, la situación afecta a otras iniciativas urbanísticas paralizadas en la localidad, como las del Grupo Baraka junto al parque de Doña Sinforosa, las torres de Santamar en la playa de los Náufragos y la promoción en la cala del Palangre. A pesar de las resoluciones judiciales, el consistorio mantiene su postura defendiendo que el aprovechamiento en altura cumple con la normativa vigente.