La propuesta surge tras una jornada sobre este plan, organizada por la Cámara y la Cátedra de Eficiencia Hídrica y Agricultura Sostenible de la Universidad de Alicante. El encuentro reunió a expertos, vecinos de Torremendo (que rechazan una planta de residuos cercana) y Raúl Mérida, comisionado de la Generalitat Valenciana para la Recuperación. Se trataron modificaciones del plan y su impacto en residuos, actividad agraria y la instalación fotovoltaica para reducir el consumo energético de la desalinizadora, lo que podría abaratar el precio del agua para los regantes.
El presidente de la Cámara Orihuela, Mario Martínez, defendió la propuesta del embalse de La Pedrera, basándose en un proyecto premiado anteriormente y en la opinión de expertos. La instalación fotovoltaica afecta a los términos municipales de Orihuela, San Miguel de Salinas y Pilar de la Horadada. Solo este último municipio presentó alegaciones en tiempo y forma.
Martínez reconoció un posible impacto paisajístico, pero subrayó la necesidad de proponer alternativas propias para la comarca. "Es una instalación que, queramos o no, se va a hacer, y permitirá tener el agua más barata a nuestros agricultores", afirmó, añadiendo que "si no proponemos el lugar desde nuestra comarca, nos lo van a imponer". Indicó que "si hay que elegir entre economía y una foto del embalse de La Pedrera, yo elijo sacrificar la foto", aunque se pueden estudiar otras opciones menos invasivas como placas en tejados.
Por su parte, ASAJA Alicante expresó su rechazo al plan actual, advirtiendo que puede generar inseguridad jurídica y limitar proyectos de interés público. El presidente de ASAJA Alicante, José Vicente Andreu, denunció que el documento frena al sector primario y amenaza el futuro de municipios como Torremendo, calificándolo de "corta y pega" y criticando la priorización de la presión ecologista sobre la viabilidad socioeconómica.
Andreu cuestionó la falta de evaluación económica del plan, señalando que "no nos consta ninguna evaluación socioeconómica sobre las consecuencias de la declaración, especialmente en la zona de amortiguación, que incluye más de 6.000 hectáreas de regadíos de interés nacional". También advirtieron que las restricciones podrían afectar a instalaciones fotovoltaicas para autoconsumo agrícola, entre otras.
Técnicos ambientales como Francisco Martínez, director-conservador de los parques naturales del sur de Alicante, incidieron en la necesidad de compatibilizar valores naturales y actividades económicas. El catedrático Andrés Molina advirtió sobre la inseguridad jurídica y limitaciones desproporcionadas. Raúl Mérida defendió el plan por proteger hábitats y recursos hídricos.
ASAJA Alicante también mostró preocupación por diez artículos adicionales que, según ellos, permitirían autorizar instalaciones como vertederos o industrias contaminantes. Mario Martínez insistió en la necesidad de soluciones compartidas a nivel comarcal, pidiendo recuperar la Mesa Comarcal para debatir el futuro del territorio, incluyendo temas como los residuos y la sanidad.
