La formación política ha denunciado que la ciudad se ha centrado en la imagen turística, mientras que los problemas reales de los residentes se agravan. Consideran que la administración local ha derivado en un modelo con más impuestos, más gasto político y menos respuestas a las necesidades básicas.
Entre las críticas, destacan el incremento continuado de la presión fiscal, como la subida de la tasa de basura y el aumento del IBI, que suponen un esfuerzo adicional para las familias y los pequeños negocios. Esta situación no se traduce en una mejora equivalente de los servicios públicos, manteniendo deficiencias en áreas esenciales.
“"La ciudadanía está sufriendo un incremento continuado de la presión fiscal. La subida de la tasa de basura y el aumento del IBI suponen un esfuerzo añadido para familias y pequeños negocios, sin que ello se traduzca en una mejora equivalente de los servicios públicos."
Uno de los problemas más graves es el acceso a la vivienda. El alto precio del alquiler y de la compra impide que la juventud pueda emanciparse, obligando a muchos a seguir viviendo con sus familias o a marcharse de la ciudad. Los alquileres turísticos se han desbordado, haciendo que el acceso a una vivienda digna y asequible sea casi imposible para la población local, provocando el desplazamiento de vecinos hacia otras poblaciones.
Además, Podem Dénia critica el modelo económico actual, basado en la construcción y el turismo, que consideran agotado. Este modelo genera empleo precario y estacional, no garantiza estabilidad económica real ni asegura suficientes recursos para el mantenimiento de los servicios esenciales, contribuyendo a la saturación de la ciudad en temporada alta.
Otros puntos de crítica incluyen el asfaltado de la Vía Verde, que consideran una "barbaridad" ambiental y urbanística, la deficiencia en la limpieza urbana con quejas sobre la gestión del servicio por parte de Urbaser, y la paralización de proyectos de infraestructuras como la comisaría de la Policía Nacional y la residencia pública de mayores. También señalan un aumento del número de concejales con dedicación exclusiva y personal de confianza tras las elecciones de 2023, elevando el coste político sin justificación en un contexto de carencias en servicios públicos.




