El análisis de los mensajes cruzados en el chat de WhatsApp de los miembros del Consell durante la fatídica jornada del 29 de octubre de 2024, día en que 230 personas perdieron la vida en un desastre anunciado, genera una profunda vergüenza. El comportamiento del Gobierno, descrito como una "pandilla", se centró en la "inundación de datos" en los medios para transmitir una "sensación de estar alerta" en lugar de ejecutar acciones concretas para proteger a los ciudadanos. La principal "instrucción" del jefe del Gobierno fue, de hecho, "inundar de datos los medios" y "calmar a la gente", mientras la tragedia se desarrollaba.
El verbo "inundar" se utiliza no para referirse a la inundación segura de la que el gobierno estaba avisado, sino a la "inundación de los medios", que parecía ser su única preocupación. La "sensación" se convierte en la palabra clave: no importan los hechos, sino las apariencias. Ninguna directriz ejecutiva para la gestión de la catástrofe aparece en los mensajes, según la vicepresidenta Camarero, quien entregó la información a la jueza un año y ocho meses después del desastre. Los miembros del Gobierno se trasladaban menos información entre ellos que la que cualquier ciudadano podía obtener prestando atención a los medios, tal como señaló el periodista Matías Vallés, indicando que el presidente Mazón sabía menos de lo que ocurría que cualquier vecino atento a la televisión.
A pesar de la evidencia de irresponsabilidad demostrada por los mensajes, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) parece empeñado en limitar la investigación judicial, sugiriendo que la mejor actuación de un gobierno ante una catástrofe es "no hacer nada" para evitar problemas legales. Esta interpretación, aunque posiblemente respaldada por la ley, contradice el espíritu de la ley y la responsabilidad pública.
El Partido Popular (PP) cree que la factura de aquel despropósito ya está amortizada, basándose en encuestas que indican que han tocado fondo y se conforman con la situación actual. La coyuntura política les favorece ante un PSPV debilitado por errores estratégicos y escándalos, incluyendo la imputación del expresidente Zapatero. La figura de Diana Morant como candidata se ve perjudicada por este contexto, así como por la división a la izquierda, que podría beneficiar nuevamente a la derecha. La influencia de la extrema derecha de Vox, que podría crecer en detrimento del PP, es una preocupación creciente.
En el ámbito interno del PP, el presidente Mazón y el expresidente Llorca discutieron recientemente la recomposición del partido y el futuro de Mazón. Llorca reclama ser ratificado como presidente del partido, pero Feijóo retrasa la decisión. Los problemas internos se acumulan, especialmente en la confección de candidaturas. La situación del presidente de la Diputación de Valencia, Mompó, y del alcalde de Alicante, Luis Barcala, son puntos clave. La gestión de Barcala, marcada por el escándalo de los pisos de lujo de promoción pública, es especialmente delicada, y el Ayuntamiento está poniendo obstáculos a la investigación judicial.
El futuro de Barcala como candidato depende de la capacidad de Llorca para presentar una alternativa convincente a Feijóo. Varios nombres se barajan como posibles sustitutos, pero las luchas internas del PP parecen prevalecer sobre las necesidades de la ciudad de Alicante. Mientras tanto, Mazón trabaja para reforzar su posición, rodeando a su sucesor con aliados suyos y controlando resortes clave en el Consell y en las candidaturas a las Corts.
Volviendo al chat del Consell, la preocupación de Mazón por la DANA aquel día contrasta con su intensa dedicación a la planificación política para las próximas elecciones. Llorca, por su parte, ha gestionado la salida de los colaboradores del expresidente, manteniéndoles en cargos y escaños, pero se enfrenta a un escenario complejo con múltiples facciones internas y la presión de Vox. Su capacidad para establecer "líneas rojas" será crucial para no heredar un "Palacio con más hipotecas que ventanas".
