Esta normativa, aprobada por el Consejo de Ministros y las Cortes Generales como condición para recibir los fondos Next Generation de la UE, busca abordar el hecho de que el 27% de las emisiones de gases de efecto invernadero en España provienen del transporte, superando la media europea en cinco puntos. La ley se fundamenta en tres pilares clave para su implantación.

El primer pilar establece la movilidad como un derecho social, al mismo nivel que la sanidad o la educación. Las administraciones públicas, incluyendo la Administración del Estado, las Comunidades Autónomas y las Corporaciones Locales, deben coordinarse para facilitar los desplazamientos diarios de la ciudadanía. El objetivo es ofrecer alternativas de transporte colectivo, no contaminante, eficaz y eficiente, que reduzca el uso del vehículo privado, tanto en el ámbito urbano como en las zonas periurbanas y metropolitanas. Se proponen soluciones de movilidad descarbonizada y colectiva, como autobuses eléctricos, ferrocarriles de cercanías eficaces y una potente red de metro y tranvía, como la de Metrovalencia.

Un segundo pilar es la creación de un sistema digital e innovador, denominado Espacio Integrado de Datos de Movilidad (EDIM). Este sistema permitirá a los gestores de infraestructuras compartir datos para planificar nuevos servicios adaptados a las necesidades actuales y futuras de la ciudadanía. Ante la creciente población en municipios del área metropolitana como Torrent, Mislata, Quart de Poblet, Manises, Paterna o Moncada, se hace urgente un Plan de Movilidad Metropolitano que proporcione un transporte colectivo rápido, frecuente y económicamente disuasorio del uso del vehículo privado, evitando así el caos circulatorio y los atascos.

Finalmente, el tercer pilar de la ley prioriza e incrementa la inversión en movilidad, incluyendo herramientas financieras que incentiven la colaboración del sector privado. Esta colaboración permitiría avanzar en la ejecución y posterior conservación y modernización de infraestructuras, mediante sistemas concesionales con tarifación por uso. Esta medida se considera crucial ante la grave situación económica de la Comunidad Valenciana, con una deuda de 63.934 millones de euros en 2025 y un déficit de 2.411 millones de euros, según datos de la AIRef y el Banco de España.

El plan presentado por el conseller el 30 de octubre de 2025 preveía invertir 840 millones de euros en la red de metro-tranvía Metrovalencia durante el quinquenio 2026-2030. De esta cantidad, 250 millones se destinarían a modernizar infraestructuras, 240 millones a ampliar la red, 185 millones a nuevo material rodante, 90 millones a estaciones y accesibilidad, y 50 millones a finalizar obras de la DANA. Sin embargo, para abordar ampliaciones como la del túnel de Bailén-Alameda, la nueva Estación de Torrent o la extensión del tranvía hasta la Universidad La Florida (Albal), y dar servicio a localidades como Alfafar, Benetússer, Massanassa, Catarroja, Albal y los polígonos industriales de Paiporta y Picanya, los presupuestos quinquenales de FGV deberían duplicarse, llegando al menos a los 1.500 millones de euros. Esta inversión requiere un Plan de Movilidad Ferroviaria/Tranviaria urgente y una financiación extrapresupuestaria público-privada-concesional, especialmente cuando España aún tiene 27.000 millones de euros de los fondos Next Generation EU por adjudicar.