Las irregularidades en los empadronamientos se han convertido en una preocupación creciente para las grandes ciudades, incluyendo València. Las administraciones locales están intensificando la vigilancia ante el aumento de fraudes. Recientemente, el Ayuntamiento de València trasladó a la Fiscalía nuevas sospechas de empadronamientos irregulares realizados sin el consentimiento de los propietarios de los domicilios.

Esta acción se produce pocos meses después de que una veintena de personas fueran detenidas por estafar y revender contratos de alquiler falsos con el objetivo de inscribirse en el padrón. El empadronamiento, un requisito fundamental para acceder a derechos y prestaciones sociales, se ha convertido en un punto vulnerable que algunos aprovechan, alimentando discursos xenófobos.

En la penúltima sesión de control en las Corts Valencianes, el presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, anunció que su ejecutivo reforzará el control sobre los empadronamientos irregulares mediante la coordinación con los consistorios. Esta declaración fue una respuesta a una intervención de Vox sobre migración, donde el dirigente popular subrayó una estrategia conjunta entre administraciones, reconociendo que los ayuntamientos han visto superada su capacidad de control censal, a pesar de la existencia de procedimientos de oficio para dar de baja padrones incorrectos o no actualizados.

Solo durante el 2025, el Ayuntamiento de València dio de baja a más de 7.000 personas extranjeras del padrón municipal mediante tres resoluciones. Estas bajas afectaron a migrantes comunitarios y extracomunitarios, con y sin permiso de residencia, que no habían renovado el trámite (los ciudadanos extracomunitarios deben hacerlo cada dos años y los europeos cada cinco) o en los que se habían detectado empadronamientos “indebidos”.

Las inscripciones que el INE clasifica como “indebidas” pueden derivar de expedientes de baja de oficio (cuando el empadronamiento se suspende por no residir en el domicilio), de inscripciones duplicadas detectadas por el propio Ayuntamiento o por corrección material de errores. Un total de 2.236 bajas se produjeron por estas causas, según la documentación a la que ha tenido acceso elDiario.es. Todas estas bajas contaron con un informe favorable del Consejo de Empadronamiento.

El resto de bajas se debieron a la no renovación, siguiendo las directrices del Instituto Nacional de Estadística (INE) y de la Dirección General de Cooperación Autonómica y Local. El consistorio emitió varios avisos a los ciudadanos que debían renovar sus trámites, tal como recomienda el INE. Una vez superado el plazo legal, el Ayuntamiento declara la caducidad de la inscripción. Por esta vía, se dieron de baja 2.462 ciudadanos no comunitarios o sin permiso de residencia y 2.699 que, aun teniendo tarjeta de residencia de régimen comunitario o autorización de residencia de larga duración, no confirmaron su residencia.