Esta medida supondrá una inversión cercana al millón de euros, destinada a la contratación de auxiliares administrativos y trabajadores sociales a través de las bolsas de empleo municipales. La primera tanda de incorporaciones se aprobará esta misma semana, con el objetivo de aliviar la carga de trabajo acumulada y garantizar que la atención diaria a los vecinos no se vea afectada.

El consistorio valenciano estudia reclamar al Gobierno del Estado el coste adicional que ha provocado esta normativa, argumentando que no se puede trasladar a los municipios una carga económica sin la financiación asociada. Además, se pedirán explicaciones sobre aspectos clave del procedimiento, como la acreditación de la situación de vulnerabilidad y los criterios para su valoración, que generan dudas técnicas y organizativas.

Desde la oposición, una concejala de Compromís ha criticado la gestión municipal, señalando que el gobierno local no ha actuado a tiempo ante una situación que consideraban previsible. Ha afirmado que el colapso actual es fruto de la falta de planificación y ha lamentado que no se hayan reforzado los servicios ni trabajado previamente con entidades sociales.