En abril de 2016, en un contexto de cambio político y denuncias sobre el uso de fondos públicos en publicaciones, un editor propuso la realización de un informe sobre la edición oficial en España. Tras considerar la complejidad y los intereses implicados, se acordó limitar el estudio al ámbito de la Comunidad Valenciana.
Para llevar a cabo este trabajo, se diseñaron siete preguntas clave sobre datos organizativos, presupuestarios y de edición. Estas cuestiones se enviaron por carta certificada a diversas entidades públicas, incluyendo ayuntamientos, diputaciones y universidades, con la advertencia de que se apelaría a la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno de la Comunidad Valenciana en caso de no recibir respuesta.
La mayoría de las entidades no respondieron en el plazo establecido, lo que obligó a iniciar reclamaciones ante el Consejo de Transparencia. Solo la Universitat de València y la Diputación de Alicante proporcionaron una respuesta clara y precisa. El resto de las entidades tuvieron que acatar las resoluciones de la Comisión Ejecutiva del Consejo de Transparencia, que emitió dictámenes modélicos en favor de la transparencia.
“"Se atuvo a la ley, respetó la ley y, al hacerlo, compartió el deseo de "transparencia y eficacia" al que servía mi trabajo."
La persona que respondió en tiempo y forma por parte de la Universitat de València, que en aquel momento era vicerrector de economía, demostró un compromiso con la legalidad y la transparencia. Este hecho subraya la importancia de cumplir con la normativa para garantizar un acceso abierto a la información pública.
