Este nuevo escrito, de tono abiertamente desafiante, se suma a un largo historial de denuncias y querellas presentadas por Sancho contra magistrados, fiscales, periodistas y antiguos colaboradores que han cuestionado su conducta o investigado su trayectoria.
El origen del conflicto se remonta al procedimiento ordinario 140/2022, tramitado en el Juzgado de Primera Instancia número 18 de Valencia. En él, Sancho demandó a miembros de la Junta de Gobierno de la Academia Valenciana de Juristas (AVJ), a quienes acusaba de autoproclamarse directivos sin título válido y de protocolizar acuerdos para apropiarse de 218.820,66 euros, solicitando la nulidad absoluta de sus actuaciones.
Sin embargo, la defensa aportó sentencias penales firmes que apuntaban en sentido contrario: según dichas resoluciones, fue el propio Sancho quien creó y controló la AVJ para eludir las incompatibilidades derivadas de su cargo público y canalizar actividades privadas a través de un supuesto organismo jurídico “sin ánimo de lucro”.
El 8 de marzo de 2026, el juzgado dictó un auto en el que declaraba la pérdida sobrevenida de objeto y archivaba la demanda. Consideró que Sancho había perdido interés legítimo tras diversas suspensiones por prejudicialidad penal en causas como la conocida “trama de las asesorías” o el caso Egevasa. La resolución, notificada el 9 de marzo, provocó una reacción inmediata. Un día después, el 10 de marzo, Sancho presentó un recurso de aclaración, subsanación y complemento al amparo de los artículos 214 y 215 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. El recurso fue admitido el 12 de marzo y quedó pendiente de resolución.
Transcurrido algo más de un mes sin resolución, Sancho elevó el tono. En un escrito fechado el 15 de abril de 2026 y marcado como urgente, acusa de facto a la jueza de incumplir los plazos legales. Recuerda que los artículos 214 y 215 de la Ley de Enjuiciamiento Civil establecen un máximo de tres días para resolver aclaraciones, y subraya que ese plazo ha sido ampliamente superado.
No habiéndose producido ninguna resolución… venimos a impetrar que de inmediato se resuelva el recurso.
La Plataforma de Afectados por las Actividades Ilícitas y Delictivas de José Antonio Sancho Sempere considera este nuevo episodio como un intento de presionar a la judicatura. A su juicio, resulta inaceptable que, tras décadas de procedimientos y condenas, Sancho continúe utilizando los tribunales como herramienta de intimidación.
La trayectoria de Sancho está marcada por numerosos procedimientos relacionados con la corrupción en la administración local valenciana. En 2016, la Audiencia de Valencia lo condenó a dos años de prisión por cohecho, condena confirmada posteriormente por el Tribunal Supremo. En 2022, el Juzgado de lo Penal número 18 de Valencia lo condenó por un delito continuado de prevaricación administrativa, en concurso con negociaciones prohibidas y abusos en el ejercicio de su función, reclamándole más de 150.000 euros por el perjuicio causado al Ayuntamiento de Canet d'En Berenguer.
La Plataforma lanza un mensaje de respaldo a jueces y fiscales, a quienes insta a seguir resolviendo con independencia. Recuerda que diversas resoluciones judiciales han ido desmontando las maniobras de victimismo de Sancho, señalándolo como el “director de orquesta” de la trama.
