En un comunicado conjunto emitido el jueves 9 de abril de 2026, PROMFEST, MúsicaProCV, PROFest y FOTUR han solicitado una reunión urgente con el Ayuntamiento de València, la Generalitat Valenciana y Cacsa. Esta petición surge dos semanas después de la sentencia judicial que ha generado incertidumbre sobre la continuidad de estos eventos.
Las entidades han advertido que la falta de una respuesta clara mantiene en vilo a más de 80.000 compradores de entradas, 8.000 trabajadores vinculados directa o indirectamente, y a los propios promotores, quienes aseguran no haber sido recibidos por las administraciones implicadas hasta el momento.
Tanto la sentencia judicial como la comunicación remitida por el Ayuntamiento de València a Cacsa no impiden por sí mismas la celebración de los festivales, sino que plantean su desarrollo bajo el cumplimiento de la normativa acústica.
El conflicto se originó tras la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 8 de València, que dio la razón a los vecinos por las molestias acústicas causadas por los macroeventos. Esta resolución obligó al Ayuntamiento a adoptar medidas, incluyendo la posible revocación de autorizaciones o la reubicación de eventos, además de indemnizar a los demandantes. Desde entonces, el futuro de citas como el Festival de les Arts, Big Sound o Love the 90’s ha quedado en el aire.
Las asociaciones subrayan que los festivales continúan programados con el objetivo de transmitir tranquilidad a los compradores de entradas, ya que no han recibido ninguna notificación de Cacsa que prohíba la realización de los eventos si se garantiza el cumplimiento de la normativa acústica.
Además, han alertado sobre el impacto económico, con 40 millones de euros de impacto directo en la ciudad de València y 2 millones de euros de recaudación para Cacsa en juego. Consideran que esta incertidumbre pone en entredicho la imagen de València como “Music City” y afecta una parte crucial del ecosistema cultural de la ciudad.
Los promotores han lamentado la cancelación de la reunión prevista con el Ayuntamiento para el 7 de abril debido a “problemas de agenda”, considerando “incomprensible” que, con tantos afectados y millones en juego, las administraciones no se sienten con el sector para encontrar una solución que dé certidumbre, proteja el empleo y preserve la actividad económica.
