La falta de respuesta por parte de las administraciones mantiene en el aire la celebración de los eventos, generando incertidumbre para más de 80.000 compradores de entradas y 8.000 trabajadores directos e indirectos. Los promotores lamentan que, dos semanas después de su petición, aún no se haya concretado ninguna reunión.
El sector alerta sobre un impacto económico directo de 40 millones de euros para la ciudad de València y una recaudación de 2 millones de euros para CACSA que están en riesgo. Además, subrayan la importancia de proteger la credibilidad de València como "València Music City" y el modelo de turismo musical promovido por la Generalitat.
Tanto la sentencia judicial como la comunicación remitida por el Ayuntamiento a CACSA no impiden por sí mismas la celebración de los festivales, sino que plantean su desarrollo bajo el cumplimiento de la normativa acústica.
Los promotores insisten en que los festivales continúan programados, ya que no han recibido ninguna notificación formal de CACSA que prohíba su realización, siempre que se garantice el cumplimiento de la normativa acústica. Una reunión previa con el consistorio, prevista para el 7 de abril, fue cancelada por problemas de agenda, a pesar de los esfuerzos por encontrar una solución consensuada.
