La magistrada Nuria Ruiz Tobarra ha aceptado la solicitud del PSPV, una de las acusaciones populares personadas en la causa de la DANA, para tomar declaración al chófer de la exconsellera de Interior y Justicia, Salomé Pradas. Pradas es una de las dos personas investigadas en el procedimiento judicial. La jueza ha requerido a la Conselleria de Emergencias que proporcione los datos de identidad del chófer para poder materializar la citación, cuya fecha aún no se ha fijado.

Los socialistas justificaron la petición argumentando que las personas que acompañaron a Pradas en sus desplazamientos habían mostrado "evasivas" y "grandes lagunas" en sus declaraciones anteriores sobre las conversaciones mantenidas en el vehículo. El objetivo es aclarar los vacíos de información sobre los trayectos realizados por la exdirigente, como los desplazamientos de ida y vuelta a Carlet al mediodía.

Además, la instructora también ha aceptado la práctica de diligencias respecto a la unidad de bomberos de Chiva, municipio ubicado en la cabecera del barranco del Poyo, que fue el causante de la mayoría de las 230 víctimas mortales. La asociación Mai Més, también personada como acusación popular, había solicitado la testifical de cuatro bomberos del parque de Chiva, que ya estaba inundado antes de las 18:00 horas del día de la tragedia.

Según un informe publicado por este diario, el cabo de guardia de los bomberos de Chiva alertó al Consorcio de Bomberos de Valencia que el retén de Chiva ya se estaba inundando a las 17:50 horas de la jornada trágica. El informe también detalla cómo los agentes tuvieron que abandonar una autobomba en el polígono del mismo municipio de la Hoya de Buñol al quedar "bloqueada por el agua". Los bomberos habían sido movilizados diez minutos antes, a las 17:40 horas, para un rescate que finalmente no se pudo llevar a cabo, según otro informe.