Rocío Gómez, quien ejerció como concejala de Urbanismo en el Ayuntamiento de Alicante, dimitió el pasado 30 de enero a raíz de la polémica adjudicación de viviendas de protección pública (VPO) a cargos del Partido Popular y funcionarios municipales. Tras su salida del consistorio, liderado por Luis Barcala, la publicación de su declaración de bienes en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante ha puesto de manifiesto un incremento patrimonial de cerca de 170.000 euros.

En su declaración inicial de 2023, al inicio de su mandato, Gómez registró bienes inmuebles por un valor de 22.309,45 euros y otros bienes por 25.773,37 euros, con un pasivo de 4.260,79 euros en créditos. Sin embargo, la nueva declaración muestra un valor de bienes inmuebles de 202.682,03 euros, según el valor catastral, y otros bienes por 14.246,93 euros. Esta suma eleva sus activos totales a 216.928,96 euros, resultando en un aumento neto de 168.846,14 euros.

La exconcejala fue una de las beneficiarias de las viviendas protegidas en el residencial 'Les Naus' en Alicante, un caso que actualmente está siendo investigado por una jueza de la ciudad. La Fiscalía ha indicado que existen indicios de presuntos delitos de prevaricación y fraude en estas adjudicaciones, que favorecieron a personas vinculadas al PP y a altos funcionarios locales.