El documento incluye a Gandia dentro de los 45 ayuntamientos con menor inversión social de todo el Estado, con un gasto de 48,84 euros por habitante. Esta cifra se encuentra muy por debajo del umbral mínimo de 63,89 euros y lejos de la media nacional de 106,48 euros para los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes. Además, la ciudad aparece como municipio “reincidente”, ya que esta situación se ha repetido en ejercicios anteriores.
“"Es inadmisible. Gandia se encuentra entre los municipios con peor inversión social de España."
La concejala Silvia Riera ha añadido que los datos “evidencian que Gandia está invirtiendo menos de la mitad de lo que debería destinar a atender a quien más lo necesita”. También ha denunciado carencias en el personal, poniendo como ejemplo que “la trabajadora social del Grau está de baja y no ha sido sustituida conforme corresponde”.
Por su parte, Soler ha remarcado que el gobierno local dedica solo un 4% del presupuesto a servicios sociales, lejos del 10% estatal, y ha advertido que “no se trata solo de cuánto se gasta, sino de la prioridad política que se da a las personas”. Ha añadido que “cerca del 30% de la población está en riesgo de exclusión social y más de 4.000 niños viven por debajo del umbral de la pobreza”. Además, ha acusado al alcalde, José Manuel Prieto, de “abandonar los servicios sociales para centrarse en su imagen y su campaña electoral, con gastos de hasta 62.000 euros en fotógrafos y 17.000 euros en su coche oficial”.
“"Ese informe solo contempla las ayudas directas y no evalúa la estrategia transversal del Gobierno de Gandia. Es imposible cuantificar la inversión real si no se tiene en cuenta esta perspectiva global."
La concejala Inma Rodríguez ha defendido el modelo municipal, que define como “transversal”, y ha remarcado que implica áreas como Sanidad, Vivienda o Educación. Ha destacado que el departamento cuenta con cerca de 70 profesionales, un presupuesto de 1,4 millones de euros y 230 viviendas públicas, además de programas sociales y ayudas directas que ascienden a 700.000 euros. También ha puesto en valor la colaboración con entidades sociales como Cruz Roja, Franciscanos o Cáritas, asegurando que muchas de estas actuaciones “no se reflejan en ese informe, a pesar de su impacto real en la vida de las personas”.
Finalmente, Rodríguez ha reprochado la postura del PP, afirmando que “ni Soler ni nadie del PP puede criticar los Servicios Sociales mientras votan en contra del Contrato Programa, que es lo que nos dota de personal para poder ofrecer las ayudas”.
