Este conflicto, que inicialmente surgió por cuestiones de burocracia e infraestructuras, ha escalado hasta convertirse en un pulso total entre el colectivo docente y la Generalitat. Las familias se encuentran divididas ante la situación, y el calendario de exámenes de 2º de Bachillerato es uno de los puntos más críticos.
“"Indigna e irrisoria."
El intento de última hora para frenar el paro en la Mesa Sectorial del pasado jueves no tuvo éxito. Los sindicatos convocantes, incluyendo STEPV, CCOO, UGT y CSIF, con el apoyo de ANPE, rechazaron la propuesta económica de la consellera, que consistía en una subida progresiva de 75 euros mensuales hasta 2029. Los sindicatos calificaron la propuesta de «indigna e irrisoria», recordando que los docentes valencianos tienen los salarios autonómicos más bajos de España, congelados desde hace 16 años.
Sin embargo, la cuestión económica es solo una parte del problema. El conflicto también se centra en la reducción de ratios en las aulas, la mejora de las infraestructuras escolares pendientes y la protección y fomento del valenciano en el sistema educativo.
Los sindicatos han planificado una estrategia de presión creciente para esta semana. Las acciones incluyen piquetes informativos y manifestaciones en València, Alicante, Castelló y Elx el lunes 11; pegada de carteles y encierros nocturnos el martes 12; concentraciones ante el Palau de la Generalitat y delegaciones territoriales el miércoles 13; protestas frente a la Conselleria de Educación el jueves 14; y una gran manifestación unitaria que recorrerá el centro de València desde la Plaza de San Agustín el viernes 15.
El punto de mayor fricción social es el 2º de Bachillerato, dada la proximidad de la EBAU. La Conselleria ha decretado servicios mínimos estrictos para garantizar las evaluaciones, con la consellera afirmando en una carta a las familias que «Ningún alumno puede ser rehén de un conflicto sindical».
“"Ningún alumno puede ser rehén de un conflicto sindical."
Los sindicatos, sin embargo, han llevado estos servicios mínimos ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), considerándolos «abusivos» y buscando una medida cautelar que los paralice. Alegan que la ambigüedad de la resolución de la Generalitat genera inquietud en el profesorado. Las familias también están divididas, con algunas asociaciones apoyando la huelga y otras alertando del impacto negativo en el rendimiento de los estudiantes.
