La protesta, convocada por la Asociación Empresarial de Discotecas de Valencia (AD) y la Asociación por una Hostelería Responsable en Russafa (Al Balansí), se ha producido tras el anuncio de la aprobación inminente de una nueva ZAS que incluiría restricciones adicionales para la actividad de los locales de ocio. Los asistentes han mostrado su rechazo a estas medidas, que consideran “injustificadas” y fruto de una “política fallida” en la gestión del ruido en la ciudad.

El sector acusa al concejal de convertir Russafa en “chivo expiatorio” de un problema que, según sostienen, es estructural en Valencia y afecta a más de 400.000 vecinos. Además, recuerdan que ya han pasado tres décadas desde la primera declaración de ZAS en la ciudad y critican la falta de soluciones eficaces aplicadas hasta ahora.

Los locales de ocio defienden que han sido “pioneros” en la implementación de medidas de convivencia, como el uso de “chalecos amarillos” para controlar el ruido en el entorno, la formación de trabajadores o la reducción de sesiones musicales. Además, cuestionan la metodología de medición del ruido utilizada por el Ayuntamiento, que consideran “deficiente” por basarse exclusivamente en sonómetros sin otros sistemas de control.

Según datos aportados por los convocantes, en las mediciones realizadas en la calle Tomasos entre junio de 2022 y junio de 2023, solo en el 2,2% de las franjas horarias se habrían superado los niveles permitidos, y en un porcentaje aún menor coincidiendo con el horario de actividad de las discotecas.

Los manifestantes han solicitado una reunión con la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, para que intervenga directamente en el conflicto y revise la aplicación de la futura ZAS. El sector insiste en que su objetivo es compatibilizar el ocio con la convivencia vecinal y reclama al Ayuntamiento un cambio de enfoque en la gestión del ruido en la ciudad.