La decisión del gobierno que dirige María José Catalá de renunciar a esta iniciativa obliga al consistorio a abonar a la adjudicataria del proyecto, la ingeniería Oficina Técnica Tes, unos 72.800 euros por la liquidación del contrato. Este gasto corresponde al trabajo realizado antes del frenazo definitivo y a la indemnización legal por la cancelación anticipada del diseño.
El proyecto original, gestado con el anterior gobierno de Compromís y PSPV, contaba con financiación de los fondos europeos Next Generation y contemplaba una reforma de la avenida Blasco Ibáñez para segregar el carril bus desde el Cabanyal hasta General Elio. El proyecto se adjudicó en febrero de 2025 por 221.385 euros.
Sin embargo, unos meses después, la Concejalía de Movilidad, dirigida por Jesús Carbonell, decidió descartar el proyecto. Se basó en el rechazo vecinal y en un informe de la consultora Idom, encargada del Plan Director de la EMT, que concluyó que el BRT "no era idóneo" para la avenida por ser una intervención "demasiado agresiva". Los técnicos plantearon como alternativa segregar el carril bus actual solo en un tramo y dotar la vía de prioridad semafórica. El Ministerio de Transportes dio el visto bueno a la modificación de las condiciones para evitar la pérdida de los fondos europeos.
Ante este escenario, y tras pactar una alternativa con las asociaciones de vecinos de la zona, el consistorio decidió dar marcha atrás al contrato en verano de 2025. Al tratarse de una extinción por mutuo acuerdo motivada por "razones de interés público" y no por un incumplimiento de la empresa, la Ley de Contratos del Sector Público obliga a compensar a la adjudicataria.
El Ayuntamiento ha valorado los trabajos efectivamente realizados por la ingeniería en 65.053,44 euros (IVA incluido). A esta cantidad se le suma una indemnización de 7.751,99 euros, equivalente al 6% de los servicios que se han dejado de prestar en concepto de beneficio industrial, tal y como estipula la normativa de contratación.
Descontando el 20% inicial que el Ayuntamiento ya había abonado en la primavera de 2025 (22.138,52 euros), la Junta de Gobierno de este viernes ha reconocido una última obligación de pago de 50.666,91 euros para cerrar definitivamente el expediente y devolver la fianza a la empresa.
Pese al desembolso de estos 72.805 euros por un proyecto que no se ejecutará, el Servicio de Movilidad defiende que la cancelación responde a la voluntad de los vecinos de la zona.
