El Institut Valencià de Cultura (IVC) se encuentra sin dirección general después de que la Generalitat Valenciana haya decidido cesar a Álvaro López-Jamar. Según fuentes oficiales, su salida se debe a "motivos personales", aunque la noticia ha sido avanzada por Las Provincias y confirmada por diversos medios.

La vacante de López-Jamar se cubrirá mediante un nuevo concurso público, una fórmula que ya se había utilizado anteriormente. Sin embargo, no hay un calendario definido para activar este proceso, lo que podría prolongar la situación de provisionalidad durante meses, coincidiendo con la presentación de los presupuestos y el último año de legislatura.

El Consejo de Dirección del IVC, integrado por altos cargos de la Conselleria, ha sido el órgano que ha tratado este cese. Paradójicamente, el puesto de director general de Cultura, que ahora queda vacante, fue ocupado recientemente por Ignacio Prieto, quien hasta hace un mes era Subdirector de Gestión del IVC, subordinado directo de López-Jamar.

López-Jamar accedió al cargo en abril de 2024, tras el cese de Abel Guarinos. Durante su mandato, ha visto pasar a tres consellers por el área de Cultura: Vicente Barrera, José Antonio Rovira y la actual titular, Carmen Ortí. Su llegada se produjo en un contexto de cambios significativos en la gestión de los espacios culturales de la Comunitat Valenciana tras las pasadas elecciones autonómicas.

En las últimas semanas, el sector cultural había expresado su malestar con la Conselleria de Cultura, y el IVC, como interlocutor principal, había recibido numerosas protestas. Una de las más sonadas fue la de diversas asociaciones de artes escénicas en la Mostra de Teatre d’Alcoi, donde se renombró la institución como "Institut Violent amb la Cultura". López-Jamar defendió la gestión de la entidad, reconociendo "virtudes" y "defectos".

Las artes escénicas han sido uno de los sectores más críticos, señalando cuestiones como la gestión del Circuit Cultural o la desaparición de los Premios de las Artes Escénicas Valencianas. El sector audiovisual también se ha sumado a las críticas, denunciando "políticas erráticas" de la Generalitat, especialmente a raíz de la polémica del rodaje en Ciudad de la Luz.