Cáritas Diocesana de Valencia ha hecho un llamamiento esta mañana a establecer «un pacto social en favor de las personas que ven vulnerados sus derechos de acceso a la vivienda, a un trabajo digno o una protección social suficiente». Esta reclamación se ha producido durante la presentación de su Memoria anual de 2025, acto en el que han participado el obispo auxiliar de Valencia, Arturo García, la directora de Cáritas Valencia, Aurora Aranda, y la secretaria general de la institución, Belén Lado.
En este documento se recogen las actuaciones de la institución el pasado año, un periodo marcado por un incremento significativo de personas atendidas, en parte debido a las intervenciones realizadas a raíz de la DANA de octubre de 2024. La cantidad de personas acompañadas ha aumentado un 33% respecto al año anterior, si bien el porcentaje de personas extranjeras atendidas se ha reducido en 9 puntos.
La entidad ha detectado un incremento del 17% en las personas atendidas por primera vez, una cifra también relacionada con las personas que, sin haber necesitado ayuda previamente, la demandaron tras las inundaciones.
“"Las atenciones realizadas con motivo de la DANA no explican la cronificación de la pobreza y la exclusión social; la persistencia de las mismas dificultades a las que se enfrentan las personas para acceder a derechos básicos desde hace una década o la normalización de la precariedad a la que estamos asistiendo."
Durante 2025, las acciones de Cáritas Valencia beneficiaron a más de 73.742 personas, de las cuales un 34% son menores de edad. «Un año más nos encontramos que las personas que acceden a nuestros recursos son cada vez más y tenemos que acompañarlas durante más tiempo», ha añadido Aranda.
Los perfiles más atendidos siguen la tendencia de años anteriores: personas migrantes en situación administrativa irregular (el 61% de las extranjeras atendidas), mujeres solas con hijos, parejas jóvenes con hijos, familias numerosas y personas con viviendas precarias. Informes como el FOESSA Comunitat Valenciana 2025 subrayan que los hogares con sustentador migrante y/o mujer, y aquellos con menores, muestran mayores niveles de exclusión, evidenciando el género y el origen como factores transversales que condicionan el acceso a derechos.
La entidad también destaca que la vivienda es el principal factor de desigualdad: 4 de cada 10 personas atendidas ven vulnerado este derecho, ya sea por situación de sinhogarismo, viviendas que no cubren las necesidades familiares, o alquileres y subalquileres sin contrato.
Ante esta realidad, Cáritas Valencia ha reclamado un pacto social que implique a instituciones y ciudadanía. Aurora Aranda ha señalado: «La sociedad valenciana ha demostrado una enorme capacidad de solidaridad. El reto ahora es transformar esa solidaridad puntual en compromiso sostenido con la justicia social, y ese compromiso debe ser asumido por toda la sociedad civil, las administraciones públicas, el sector empresarial, los medios de comunicación, los partidos políticos y, muy especialmente, las comunidades cristianas».
“"El cristiano no puede considerar a los pobres solo como un problema social; son una “cuestión familiar”, son “de los nuestros”."
Aranda ha añadido que «los niveles de desigualdad de los que nos hablan los informes y nuestra Memoria requieren acuerdos amplios y respuestas sostenidas en el tiempo. Un pacto social de estas características implica construir acuerdos básicos sobre cómo queremos convivir y qué derechos estamos dispuestos a garantizar colectivamente que nadie quede atrás».
