La incorporación de un abogado a la candidatura de la alcaldesa de València para el Ayuntamiento fue considerada una apuesta por la solidez y la experiencia. Se le encomendó la tarea de resolver varios conflictos municipales relevantes, ganándose el sobrenombre de 'Señor Lobo' en algunos círculos mediáticos por su capacidad para desatascar nudos complejos en la gestión municipal.

Sin embargo, la situación ha evolucionado y, una vez resueltas o encarriladas muchas de sus tareas iniciales, el concejal se ha convertido en un problema para la administración. La Mesa de Contratación, que él dirige desde abril de 2025, ha sido objeto de escrutinio.

Compromís hizo público el contenido del informe definitivo de la Agencia Valenciana Antifraude (AVAF). Este documento detalla la participación del concejal, responsable del área de Contratación, en seis concursos adjudicados por un valor de 255 millones de euros. En estos concursos, el concejal debería haberse abstenido por conflicto de intereses, ya que participaban empresas para las que trabaja o ha trabajado, sin que haya querido revelar cuáles son.

El equipo de gobierno del Ayuntamiento defendió este miércoles que la resolución de Antifraude exime al consistorio de responsabilidad en las abstenciones del concejal y que su papel no alteró el sentido de los acuerdos tomados. Además, subrayan que la agencia no pide la revisión de oficio de las contrataciones y traslada una serie de recomendaciones de mejora que los técnicos municipales estudiarán.

No obstante, el informe también destaca la 'falta de veracidad' en las Declaraciones de Ausencia de Conflicto de Intereses (DACI) del concejal e insta al Ayuntamiento a evaluar las posibles responsabilidades legales. La persistencia del concejal en no facilitar información sobre las empresas para las que trabaja, en un contexto de contrataciones millonarias, genera una opacidad que empieza a incomodar a la alcaldesa de València.