La regeneración de entornos urbanos degradados representa uno de los mayores retos para las administraciones públicas, yendo más allá de la mera rehabilitación arquitectónica. Las implicaciones económicas y sociales de estas operaciones, especialmente en un contexto de acceso a la vivienda más difícil, requieren soluciones innovadoras. Por ello, el III Foro Mediterráneo, una iniciativa de Prensa Ibérica, ha destacado el caso del barrio de San Antón en Elche como ejemplo de buenas prácticas.

El barrio de San Antón, creado en 1959 para atender la inmigración rural durante el “desarrollismo”, consistía en 16 bloques de viviendas de reducidas dimensiones. La falta de inversión en servicios y edificios provocó su degradación. La recuperación de un barrio entero como este implica grandes dificultades, como la obtención de financiación, la gestión de permisos y, especialmente, el acuerdo con los usuarios de las viviendas, un aspecto crucial para el éxito del proyecto de Elche.

El proyecto de regeneración y renovación urbana de San Antón tuvo como objetivo la recuperación de cuatro edificios con un total de 338 viviendas protegidas, con 290 hogares residentes. La iniciativa arrancó con un Acuerdo de la Comisión Bilateral de 2014, que estableció un marco jurídico y financiero. Este marco permitió la construcción de 338 nuevas viviendas y el realojo de cientos de familias, gestionado por Pimesa, la empresa pública promotora.

El documento de los expertos subraya tres aspectos críticos. Primero, el criterio técnico de “infravivienda” justificó la demolición de los edificios antiguos, debido a su deterioro estructural, falta de aislamiento y accesibilidad, y el riesgo de exclusión social. Segundo, la gestión innovadora de la propiedad, donde la empresa interviniente adquiere el 100% de las viviendas antiguas para liberar el suelo. Esto ha permitido sumar 28 viviendas nuevas al patrimonio público para alquiler. Tercero, la gestión temporal del proyecto, con fases en 2014, 2018 y una tercera que comenzará a finales de 2025, demuestra la continuidad del modelo durante 11 años.

La financiación tripartita, con la participación del Gobierno de España, la Generalitat Valenciana y el Ayuntamiento de Elche, junto con ayudas europeas y la compartición de costes con los propietarios, ha sido fundamental. Las nuevas viviendas, de 2 y 3 dormitorios, tienen una calificación energética B o superior, reduciendo el coste de mantenimiento y la pobreza energética, y cumplen con la normativa de accesibilidad universal.

La experiencia de San Antón es un caso de éxito para el urbanismo social del siglo XXI. Con una inversión pública y privada de más de 20,4 millones de euros desde 2014, se ha transformado el concepto de “infravivienda” en dignidad. Se han construido 338 viviendas protegidas, permitiendo a 290 familias pasar de viviendas obsoletas a hogares modernos y accesibles. La gestión del suelo y la propiedad, con la adquisición de viviendas antiguas para la demolición, ha sido clave. Este modelo garantiza el derecho al realojo, evitando la gentrificación y asegurando la inclusión de los vecinos originales.