Este análisis, que relaciona las licitaciones públicas de la Administración central con la población de cada territorio, revela que la provincia de Alicante, siendo la cuarta de España por población, ha recibido la segunda menor inversión per cápita en los últimos quince años. La inversión por habitante en este periodo fue de 754 euros, muy por debajo de la media nacional de 1.634 euros.
“"Se trata de “la anomalía más flagrante del sistema de distribución territorial del gasto público español”, sin equivalente en el resto del país."
El estudio de Ineca no solo cuantifica el problema, sino que también advierte sobre sus consecuencias para una provincia cuya actividad económica, especialmente la industria y el turismo, depende en gran medida de la calidad de sus infraestructuras de transporte. Proyectos cruciales como el Corredor Mediterráneo, la mejora de las líneas ferroviarias, los accesos al aeropuerto y la renovación de la red viaria continúan pendientes.
Esta falta de inversión no solo implica un coste económico directo, sino también un coste de oportunidad, ya que el retraso en proyectos estratégicos sitúa al territorio en una clara desventaja competitiva. Ineca propone un “plan corrector explícito, cuantificado y vinculante” para compensar este déficit histórico, aunque el informe señala la falta de un liderazgo claro que articule una reivindicación firme ante la Administración.
La persistencia de esta infrainversión estructural, independientemente de las coyunturas económicas o los gobiernos de turno, se ve facilitada por una escasa movilización social. Esto permite que la provincia de Alicante, a pesar de su peso demográfico y económico, sea relegada a los últimos puestos en inversión pública, con un coste que recae directamente sobre sus habitantes.
