La problemática de los vertidos ilegales en el Camp d’Elx persiste y, en algunos puntos, se ha intensificado. Restos de poda, muebles viejos, productos inflamables, escombros, baterías y hasta materiales de construcción como la uralita se acumulan en zonas de valor natural, como la sierra y la pinada cercanas a la carretera de La Marina. Esta situación se mantiene pese a las sanciones municipales, los servicios de recogida existentes y las nuevas ordenanzas que el Ayuntamiento pretende implementar para mejorar la convivencia en el medio rural.

Un recorrido reciente por diferentes zonas del campo ilicitano, especialmente en el entorno de la carretera de La Marina, La Hoya y El Pinet, confirma la falta de control. Junto a los contenedores, se encuentran acumulaciones de restos vegetales, materiales de obra y muebles que deberían ser gestionados por los servicios municipales específicos. Estos vertidos se producen en caminos rurales, márgenes de carreteras y espacios naturales, creando una imagen de abandono que contrasta con el valor paisajístico y ambiental de la zona.

Los restos de poda son uno de los vertidos más frecuentes, a menudo apilados en grandes sacos de rafia alrededor de los contenedores. Esto ocurre a pesar de que existe un servicio municipal de recogida a domicilio disponible. La acumulación de estos residuos no solo complica la limpieza y encarece la gestión municipal, sino que también genera molestias y puede favorecer la presencia de insectos y roedores. La situación se ve agravada por la aparición de sacos de gran resistencia, que sugieren una decisión consciente de depositar residuos de forma indebida.

La presencia de productos tóxicos e inflamables representa uno de los aspectos más preocupantes. Se han detectado envases de gran capacidad advirtiendo de su peligrosidad, abandonados cerca de contenedores ordinarios. Estos residuos, junto con pinturas y baterías, suponen un riesgo ambiental y para la salud, especialmente en periodos de calor, aumentando el riesgo de incendio. Los vecinos expresan su inquietud por la permanencia de estos materiales peligrosos durante días o semanas.

El volumen y tipo de ciertos vertidos sugieren que no todos provienen de particulares, sino que podrían estar vinculados a pequeñas reformas o actividades profesionales. La vigilancia de los numerosos caminos rurales del término ilicitano resulta compleja, dificultando la identificación de los infractores. Aunque existen multas, la tramitación de expedientes sancionadores depende a menudo de la identificación del autor, algo que se complica por la falta de testigos o pruebas.

La futura Ordenanza del Medio Rural contempla sanciones de hasta 100.000 euros para regularizar usos agrícolas, vertidos y la convivencia en el campo. Paralelamente, la nueva ordenanza de convivencia ciudadana unificará criterios y sanciones en materia de limpieza y uso del espacio público. El Ayuntamiento busca con estas normativas ordenar un territorio extenso y garantizar el buen uso del entorno rural, abordando un problema que se remonta a décadas.

El problema llega incluso a zonas de valor natural como la Sierra del Molar, donde se han encontrado restos de uralita, posiblemente con amianto, junto con otros materiales de construcción. El abandono de estos materiales supone una infracción ambiental y un riesgo para la salud. La sensación de impunidad se generaliza entre los vecinos, que ven cómo los vertidos se retiran pero reaparecen poco después, deteriorando el paisaje y el entorno natural.