El consistorio ilicitano, bajo la dirección del alcalde Pablo Ruz, está ultimando la clausura de algunas de estas instalaciones tras inspecciones realizadas y el periodo de audiencia a las empresas afectadas. Esta actuación se enmarca en el proceso para ordenar la proliferación de campas vinculadas al aeropuerto Alicante-Elche Miguel Hernández, una actividad que ha generado quejas vecinales por la transformación de suelo agrícola y la falta de regulación.
Según Ruz, la Policía Local ha intervenido en cerca de 60 instalaciones solicitando documentación. Tras el periodo de audiencia, se actuará contra aquellas que no cumplan los requisitos. El alcalde ha destacado que desde la modificación del Plan General para ordenar esta actividad, no se han vuelto a instalar nuevas campas.
El gobierno municipal diferencia entre las campas necesarias para empresas de alquiler de vehículos y aquellas utilizadas como aparcamientos para usuarios del aeropuerto. "Las campas son necesarias, sí. ¿Cuáles son necesarias? Las campas de alquiler de vehículos, no las campas de aparcamiento de vehículos", ha señalado Ruz, quien ha admitido que la situación ha derivado en "un absoluto caos" y que el papel del Ayuntamiento es poner orden.
Los vecinos de Torrellano han reclamado celeridad y contundencia en la actuación municipal. La polémica se ha intensificado en los últimos meses, con denuncias vecinales sobre la implantación de grandes campas en parcelas rurales. La portavoz de Compromís, Esther Díez, había acusado anteriormente al gobierno local de permitir la proliferación de estas actividades sin controles suficientes.
Con las primeras órdenes de cierre en preparación, el Ayuntamiento pretende pasar de la fase de diagnóstico a medidas concretas contra las instalaciones que no cumplan. La clave estará en cómo se concreta la modificación urbanística anunciada y los criterios que establezca para diferenciar los usos permitidos.
