En solo tres mañanas, la entidad ha cubierto el cupo de trabajo que puede asumir, reforzando su área jurídica para atender la demanda. Esta situación refleja la realidad de municipios como Elche, donde el decreto prevé regularizar a medio millón de personas en todo el país, siendo la séptima regularización en la etapa democrática del Estado.

A pesar de los 700 casos que Elche Acoge ya gestiona, la coordinadora Trini Urbán indica que seguirán ofreciendo consultas iniciales, aunque no podrán tramitar más expedientes por ahora. Estas cifras evidencian la necesidad de los migrantes que viven en una cierta clandestinidad. La entidad cuenta con dos abogados y ha incorporado uno más, y todo el personal multidisciplinar se ha volcado en este procedimiento.

Urbán subraya que este trabajo se realiza por convicción y de forma gratuita. Elche Acoge es la única entidad en la ciudad y la comarca acreditada por el Ministerio para tramitar directamente estas regularizaciones.

Los requisitos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones establecen que la regularización es para personas en España desde antes del 1 de enero de 2026, con cinco meses de presencia continuada, pasaporte completo y certificado de no tener antecedentes penales en los últimos cinco años. También se requiere el padrón histórico y, en casos concretos, un informe de vulnerabilidad. El plazo para presentar la documentación finaliza el 30 de junio de este año, un periodo que Urbán considera muy corto.

El abogado experto en extranjería de Elche Acoge, Zurab Oganesyan, explica que el decreto se publicó en el BOE este miércoles y desde este jueves ya se puede tramitar online o pedir cita. Si se cumplen los requisitos, el Gobierno otorgará un permiso provisional, que se retrotraerá a la fecha de inicio del expediente una vez resuelta la regularización. La documentación se puede entregar online, en oficinas de Correos, Seguridad Social y Extranjería en horario de tarde.

La regularización, limitada a un año, garantiza contratos laborales o de arrendamiento, y acceso a la sanidad universal. El derecho al voto se limita a elecciones locales en casos muy concretos. Oganesyan advierte de la complejidad del trámite, especialmente para obtener documentos como los antecedentes penales de países no firmantes del convenio de La Haya, lo que podría impedir a muchas personas reunir la documentación a tiempo antes del 30 de junio de 2026.

La coordinadora de Elche Acoge subraya que este decreto es un mecanismo excepcional para personas ya irregulares antes de 2026, y no generará un efecto llamada, desmintiendo bulos. Recuerda que la situación de estas personas es una irregularidad administrativa, no ilegalidad, y que la regularización permitirá salir de la clandestinidad y evitar la explotación laboral, facilitando la firma de contratos en sectores con falta de mano de obra.

Urbán ha criticado las declaraciones del presidente Juanfran Pére Llorca sobre recurrir el decreto, afirmando que regularizar la situación de estas personas aliviará los Servicios Sociales y reducirá la presión asistencial. La entidad está en conversaciones con las administraciones, incluyendo el Ayuntamiento, que no está preparado para la situación, ya que el tiempo para entregar informes de vulnerabilidad excede el plazo de regularización. Elche Acoge no puede tramitar estos informes, pero sí acompañar a los extranjeros en el proceso.

Una vez finalizado el año de regularización, el siguiente paso es acogerse a la Ley de Extranjería, que suele implicar un limbo legal de dos años, según Trini Urbán. Después, los permisos se pueden renovar para 2, 3 o 5 años, dependiendo de cada caso.

Las regularizaciones anteriores en España incluyen tres con Felipe González (173.000), dos con José María Aznar (403.000) y una con José Luis Rodríguez Zapatero (576.000). El actual Gobierno estima una regularización potencial de 500.000 personas.