El Servicio de Gestión de Espacios Naturales Protegidos de la Generalitat Valenciana ha solicitado a la Dirección Territorial de Alicante que certifique si el terreno donde se levanta la vivienda es forestal o agrícola. Esta distinción es crucial, ya que la normativa del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN), aprobado en febrero de 2026 para la Sierra de Escalona y la Dehesa de Campoamor, prohíbe expresamente la construcción en suelo forestal.
El Ayuntamiento de Orihuela había defendido la legalidad de la obra, iniciada y situada en Paisaje Protegido, asegurando que contaba con licencia municipal y un informe favorable de la Conselleria de Agricultura. Sin embargo, el director del Paisaje Protegido advierte que si el suelo es forestal, la construcción está prohibida por el artículo 40.2.b del PORN, siendo una actuación incompatible y susceptible de sanción administrativa.
En cualquier caso, el informe recuerda que el proceso de tramitación del PORN es anterior al inicio de las obras, lo que refuerza la aplicabilidad plena de sus restricciones.
Si el terreno se clasifica como agrícola, la vivienda solo sería compatible si está vinculada a usos agrarios o ganaderos, no supera los 200 metros cuadrados construidos ni el 2% de la superficie catastral, y el titular acredita su condición de agricultor o ganadero profesional. La parcela en cuestión tiene 26.000 metros cuadrados.
La denuncia inicial fue presentada el 25 de febrero por la entidad conservacionista Amigos de Sierra Escalona, que sitúa la construcción en una zona de mosaico agroforestal de alto valor ambiental, dentro de un espacio con figuras de protección como la Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) y el Lugar de Importancia Comunitaria (LIC), en tránsito hacia su declaración como Parque Natural.
Esta situación se produce mientras la Agencia Valenciana de Protección del Territorio ha iniciado los trámites para la demolición de un chalé de grandes dimensiones en el Cabezo Mortero de San Miguel de Salinas, también dentro del Paisaje Protegido, que contó con una licencia municipal posteriormente revocada por los tribunales.
