La problemática, que según los vecinos se denuncia desde 2024, está afectando gravemente la convivencia y la calidad de vida en el barrio. La calle Papa Adrià VI, paralela a la calle Benet XIII en la zona de la carretera nacional 232, es el punto central de estas quejas.

Entre las principales preocupaciones, los residentes señalan la realización de obras presuntamente ilegales en una propiedad privada. Además, estas intervenciones estarían impidiendo el acceso a sus propias parcelas para realizar trabajos, a pesar de contar con los permisos correspondientes.

Uno de los aspectos más alarmantes es el vertido de aguas residuales directamente a la vía pública. Según el vecindario, esta situación se produce después de que el Ayuntamiento denegara el permiso para conectar la vivienda a la red de alcantarillado, ya que el terreno se encuentra dentro de un Programa de Actuación Integrada (PAI) pendiente de ejecución.

Los afectados también denuncian el corte de un tramo de la calle, que aseguran es de titularidad pública, por parte del mismo vecino. Se han instalado obstáculos como vallas metálicas fijadas al suelo e incluso somieres de madera, impidiendo el paso tanto de peatones como de vehículos. Esta situación afecta especialmente a estudiantes que utilizan esta vía como alternativa a la calle Benet XIII, que carece de aceras, así como a servicios de emergencia como ambulancias o bomberos. El conflicto se extiende a otros accesos de la zona, como el camino que conduce al pozo comunitario, que ha sido bloqueado con elementos similares y una puerta metálica.

Los vecinos también han expresado su malestar por la instalación de cámaras de vigilancia orientadas hacia la calle, considerándolo una vulneración de su privacidad, y por la presencia de un perro suelto que ladra constantemente y que, aseguran, se ha escapado en varias ocasiones. Además, alertan de la presencia de excrementos en la vía pública, una situación que, con el aumento de las temperaturas, agrava los problemas de salubridad.

Esta problemática fue trasladada al pleno municipal del mes de enero por el grupo Compromís Vinaròs, que solicitó una actuación urgente tras las múltiples instancias registradas por los vecinos entre 2024 y 2025, así como una recogida de firmas. Sin embargo, los afectados aseguran que la situación no solo no se ha resuelto, sino que ha empeorado.