El conflicto judicial nació a raíz de la solicitud de una mercantil para implantar una unidad de suministro de combustible en un solar situado en la calle Jaume I. El consistorio denegó inicialmente el permiso mediante un certificado de compatibilidad urbanística negativo, al considerar que el proyecto no se ajustaba al planeamiento municipal vigente.
Sin embargo, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 9 de València ha fallado a favor de la empresa, anulando la resolución municipal. Según la sentencia, la instalación puede ubicarse legalmente en el emplazamiento propuesto, una decisión que el gobierno local rechaza frontalmente.
El consistorio argumenta que la sentencia realiza una interpretación demasiado amplia de la normativa estatal de hidrocarburos, desplazando las determinaciones urbanísticas locales en un suelo de carácter residencial. Fuentes municipales han reiterado que su oposición no se debe al modelo de negocio, sino a la idoneidad de la ubicación.
Además, el gobierno local ha destacado que su actuación responde a la preocupación vecinal por cuestiones de salud y bienestar, motivo por el cual continuarán defendiendo la legalidad de su gestión administrativa en las instancias judiciales superiores.
