La iniciativa, promovida por los partidos que integran el ejecutivo local, busca instar a la administración autonómica a saldar sus deudas con la ciudad. Esta situación, según denuncian, está afectando tanto la gestión municipal como la calidad de los servicios públicos que se ofrecen a la ciudadanía.

Del total reclamado, aproximadamente 6 millones de euros corresponden a actuaciones que fueron financiadas inicialmente por el Ayuntamiento. Entre ellas figuran proyectos como el Plan Edificant o el nuevo Palacio de Justicia, obras ya ejecutadas y pagadas por el consistorio, pero que aún no han sido reconocidas ni abonadas por la administración autonómica.

Además, el gobierno local denuncia la pérdida de más de 4 millones de euros en ayudas que anteriormente se recibían, especialmente durante la etapa del conocido como Consell del Botànic. Estos recortes afectan, entre otros ámbitos, programas de empleo y subvenciones dirigidas al sector turístico, clave para la economía de la ciudad.

Finalmente, la declaración contempla trasladar este acuerdo a la Vicepresidencia Segunda y Conselleria de Presidencia, a la Conselleria de Economía, Hacienda y Administración Pública, así como a todos los grupos parlamentarios con representación en Les Corts Valencianes.