La iniciativa, que cuenta con el respaldo de Compromís Més Gandia, busca que la administración autonómica abone cerca de 6 millones de euros por actuaciones ya ejecutadas y pagadas por el consistorio. Entre ellas se encuentran proyectos vinculados al Pla Edificant y a las obras del nuevo Palacio de Justicia.
Según exponen los socialistas, el Ayuntamiento ha tenido que adelantar fondos propios para sacar adelante inversiones que no son de su competencia directa. Consideran que esta situación convierte al consistorio en un financiador provisional de la Generalitat, obligándole a asumir una carga económica que no le corresponde y que condiciona la gestión del presupuesto municipal.
“"No es razonable que una administración local tenga que soportar durante tanto tiempo el coste de proyectos promovidos desde el ámbito autonómico."
A esta deuda se sumarían otros 4 millones de euros que Gandia habría dejado de recibir en subvenciones y ayudas autonómicas desde el cambio político en el Consell. Estas pérdidas se sitúan en áreas sensibles para la economía local, como el empleo y el turismo, sectores con un peso importante en la actividad de la ciudad.
El concejal de Hacienda ha criticado duramente la actitud de la Generalitat hacia Gandia y ha asegurado que los vecinos no merecen sentirse “despreciados” por el Consell. Ha lamentado que el dinero adelantado por el Ayuntamiento para ejecutar determinadas obras tarde tanto en volver a las arcas municipales.
Desde el PSPV también han dirigido sus críticas al Partido Popular de Gandia, al que acusan de no defender con firmeza los intereses de la ciudad ante el Gobierno valenciano. Los socialistas sostienen que los populares locales están optando por mirar hacia otro lado en lugar de reclamar el abono de las cantidades pendientes.
