Según el Grupo Municipal Popular, la Ley 1/2025 de Eficiencia del Servicio Público de Justicia ha reorganizado el sistema judicial, transformando órganos unipersonales en tribunales de instancia y ampliando competencias sin la dotación suficiente de medios personales ni materiales. Esta reforma, lejos de mejorar la eficacia, está generando más carga de trabajo, retrasos y dificultades en la atención a las víctimas.

Desde el Partido Popular denuncian que la asunción de nuevas competencias por parte de los juzgados de violencia de género, junto con la reordenación prevista en la Ley de Eficiencia, se ha llevado a cabo sin una planificación real ni recursos suficientes. Esto está provocando deficiencias importantes en la prestación del servicio. Recuerdan que desde el pasado 3 de octubre, los juzgados de violencia de género también instruyen casos de violencia sexual fuera del entorno de la pareja, lo que ha duplicado el tiempo de espera en algunos casos.

El Grupo Popular señala que, según expertos y operadores jurídicos, ya se están produciendo atrasos de varios meses en los señalamientos, y los jueces alertan de una situación de saturación y deterioro progresivo del servicio. A esto se suma la falta de funcionarios, la pérdida de refuerzos esenciales y los problemas derivados de una implantación incompleta de los sistemas tecnológicos. Consideran que las consecuencias de esta gestión las pagan las víctimas, que necesitan una atención rápida y eficaz.

Por todo ello, el Grupo Municipal Popular propone instar al Gobierno de España a crear el número suficiente de plazas judiciales para atender el elevado volumen de procedimientos en trámite, así como a dotar al nuevo sistema de más medios materiales y personales para garantizar un funcionamiento adecuado de la Justicia. Concluyen que la “ley Bolaños” necesita una rectificación urgente.