En menos de una semana, el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) ha publicado las autorizaciones para estos dos proyectos. La planta más reciente, denominada "PSF Onda Sichar II", supondrá una inversión de 10,7 millones de euros y tendrá una potencia instalada de 20,5 MW con 24.164 módulos fotovoltaicos. La anterior, "PSF Onda Sichar I", autorizada hace pocos días, cuenta con un presupuesto de 8,8 millones, una potencia de 16,7 MW y 19.684 paneles solares.
Ambos proyectos incluyen planes de desmantelamiento y restauración, así como la infraestructura necesaria para la evacuación de la energía. La "PSF Onda Sichar II" se ubicará en el polígono 10 (parcela 7) de Onda, mientras que la "PSF Onda Sichar I" se construirá en los polígonos 8 (parcela 222) y 10 (parcelas 7, 59). Ambas se conectarán a la red en la subestación ST Corral del Cuervo, gestionada por I-DE Redes Eléctricas Inteligentes.
Para obtener el visto bueno ambiental, Salinas Energy tuvo que adaptar varios aspectos del proyecto. Entre las modificaciones, se reordenó la distribución del parque, reduciendo su ocupación en un 50% para mejorar la adaptación al paisaje y la topografía. También se dividió la superficie en dos recintos de menos de 10 hectáreas y se excluyeron las zonas con pendientes superiores al 25% para minimizar la erosión del suelo.
Además, la compañía tuvo que aumentar la distancia entre los módulos y las urbanizaciones cercanas para reducir el impacto visual. Se implementaron medidas de integración paisajística, como evitar la pavimentación, incluir especies arbustivas y herbáceas autóctonas en el diseño interior de la central y asegurar que los elementos de captación solar no ocuparan caminos preexistentes.
Una condición fundamental para la autorización fue la prohibición de ubicar la planta en terrenos afectados por el incendio de 2009 en la zona. La Conselleria de Medio Ambiente señaló que el proyecto se encontraba en "zonas con erosión potencial alta y muy alta", y que la tala de árboles aumentaría los procesos erosivos. Asimismo, la Generalitat consideró que 58 hectáreas de la planta afectaban a lugares forestales, lo que habría implicado la tala de árboles y la pérdida de la idiosincrasia de los terrenos.
