Esta operación, que se llevó a cabo hace semanas con un gran despliegue policial, incluyendo un helicóptero y cortes de calles, ha revelado la existencia de una organización criminal dedicada a la trata de personas con fines de explotación laboral en el sector agrícola. La investigación, coordinada por la Policía Judicial de la Guardia Civil de Castellón, la Fiscalía y la Inspección de Trabajo, ha culminado con la detención de siete individuos.
Las víctimas, en su mayoría hombres jóvenes de entre 20 y 35 años procedentes de países como Nepal, Pakistán, Senegal o estados árabes, eran captadas con falsas ofertas de empleo. Se les prometían salarios dignos y alojamiento, pero una vez en España, eran trasladadas a viviendas en Nules donde vivían en condiciones de hacinamiento extremo, a menudo sin servicios básicos como agua o luz.
Jornadas de 13 horas, sin descanso, casi sin sueldo y en hacinamiento extremo: el calvario de las 80 personas explotadas en Nules.
La organización generaba una deuda económica a las víctimas por los costes del viaje y otros gastos ficticios, utilizándola como mecanismo de control. Estas personas eran forzadas a trabajar en el campo hasta 13 horas diarias, con una remuneración inexistente o simbólica, sin contrato ni documentación, y bajo amenazas y coacciones.
La Operación Balarama ha destapado una red jerarquizada con su núcleo principal en Nules, donde las víctimas eran alojadas en cuatro viviendas propiedad de un matrimonio pakistaní, considerado uno de los principales beneficiarios. La red operaba en varias comarcas valencianas, incluyendo la Plana Baixa, el Alt Palància, el Camp de Morvedre, el Camp de Túria y la Horta Nord. Se han realizado cinco registros domiciliarios y dos de los siete detenidos han ingresado en prisión. La organización también utilizaba empresas legales para simular la legalidad de sus actividades. Entidades como la Cruz Roja, Cáritas y el Banco de Alimentos han prestado apoyo a las víctimas liberadas.
