La operación ha culminado con la detención de siete individuos, investigados por delitos de tráfico de seres humanos, contra los derechos de los trabajadores y favorecimiento de la inmigración irregular. Esta red se encargaba de todo el proceso, desde la captación hasta el traslado y la explotación de las víctimas.
Según ha informado la Guardia Civil, la organización captaba a personas vulnerables en diferentes países mediante falsas ofertas de trabajo que prometían
buenas condiciones laborales, salarios dignos, alojamiento y manutención.
Una vez en España, las víctimas eran sometidas a una deuda que se utilizaba como mecanismo de control y coacción. Las condiciones de alojamiento eran de hacinamiento extremo, a menudo sin servicios básicos como agua o luz.
Las personas explotadas eran obligadas a trabajar en el sector agrícola con jornadas de hasta doce o trece horas diarias, sin descanso y con una remuneración inexistente o meramente simbólica. Además, no disponían de contrato laboral ni de documentación, lo que incrementaba su vulnerabilidad. El control se ejercía mediante amenazas, coacciones e, incluso, agresiones, generando un
clima de miedo constante.
La investigación, que se ha desarrollado durante varios meses en coordinación con la Fiscalía Provincial de Castellón y con el apoyo de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, ha permitido desarticular esta red. En el marco de la operación, denominada Balarama, se han realizado cinco registros domiciliarios y se ha identificado a un matrimonio de origen pakistaní como principales responsables. De los siete detenidos, dos han ingresado en prisión por orden judicial. Las diligencias han sido puestas a disposición de la autoridad judicial.
