Las cuentas, presentadas por el alcalde, José Benlloch, y la portavoz del gobierno municipal, Maria Fajardo, pivotan sobre la doble idea de garantizar el funcionamiento ordinario —pagos, servicios y estructura municipal— y, al mismo tiempo, dejar atrás el préstamo que ha supuesto pagar 30 millones de euros en 15 años. El ejecutivo de PSPV y Compromís prioriza los gastos corrientes y reduce el endeudamiento para situarlo en un 36%.
En concreto, las cuentas ascienden a 66,86 millones de euros y mantienen la senda iniciada en 2025, cuando el presupuesto alcanzó los 65 millones. El equipo de gobierno presenta el documento como un marco de “estabilidad” en un contexto todavía condicionado por obligaciones pendientes y limitaciones estructurales. El grueso del gasto se concentra en el funcionamiento del Ayuntamiento y la prestación de servicios, con un peso destacado de los capítulos de personal (38,53%) y bienes corrientes y servicios (45,62%).
En paralelo, el ejecutivo municipal sitúa como eje central el pago a proveedores y la regularización de facturas pendientes, con más de 8 millones de euros destinados a este fin. La estrategia busca reforzar la confianza con el tejido empresarial local y evitar tensiones de tesorería que han marcado ejercicios anteriores.
“"La prioridad pasa por dar respuesta a las personas y empresas que están detrás de cada factura."
El presupuesto de 2026 contempla la liquidación del préstamo suscrito en 2010 durante la etapa del Partido Popular, lo que permitirá “liberar carga financiera tras quince años”. Este movimiento se vincula a la posibilidad de abrir una nueva etapa con mayor margen de maniobra, después de ejercicios “condicionados por sentencias urbanísticas y obligaciones heredadas” que han lastrado la capacidad inversora.
La inversión vuelve a quedar en un segundo plano, con poco más de 650.000 euros, una cifra inferior a los 3,8 millones consignados en 2025. Los recursos se concentran en compromisos adquiridos, como el pago vinculado a la apertura de la avenida de Portugal y la calle Bárbara Royo (400.000 euros), resoluciones judiciales en la ronda Suroeste (41.000 euros) o la puesta en marcha del sistema de bicicleta pública Vilabici (200.000 euros).
El presupuesto también mantiene el refuerzo del gasto social y del apoyo al tejido asociativo, con un incremento en convenios y subvenciones, además de sostener bonificaciones fiscales como la reducción del IBI. El gobierno local reivindica los ingresos estatales como “clave para cuadrar las cuentas” y critica la “falta de certezas” en aportaciones autonómicas y provinciales, insistiendo en que 2026 es el año de cierre de ciclo financiero.
