La Ley orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, establece con claridad que los centros sostenidos con fondos públicos no pueden separar al alumnado por razón de sexo. En caso contrario, deben pasar a ser íntegramente privados. Este principio también está recogido en el decreto autonómico que regula la renovación de los conciertos educativos. Sin embargo, el Partido Popular de la Comunitat Valenciana ha optado por renovar los conciertos de siete centros que continúan con esta práctica.

Entre los centros afectados, en la provincia de Castellón se encuentran Miralvent (para chicos) y Torrenova (exclusivamente femenino en Primaria y Secundaria), ambos en Betxí. En la provincia de Valencia, Guadalaviar y Vilavella (femeninos) en la ciudad de Valencia, y El Vedat (masculino) en Torrent. Finalmente, en la provincia de Alicante, Altozano (femenino desde segundo de Primaria hasta Bachillerato) en la ciudad de Alicante, y Aitana (femenino desde tercero de Primaria hasta Bachillerato) en Torrellano (Elx).

La renovación de estos conciertos genera interrogantes, especialmente cuando la segregación persiste en etapas como la ESO o el Bachillerato. La decisión del PP parece apuntar a un retroceso hacia modelos educativos que se consideraban superados, recordando épocas pasadas donde la separación por sexos era la norma. Además, seis de los siete centros mencionados están vinculados al Opus Dei, lo que sugiere una persistencia de un modelo educativo que responde a una concepción ideológica y social específica.

Esta política no solo contradice la legislación vigente, sino que también implica un apoyo explícito con dinero público a instituciones que promueven un modelo educativo basado en la separación por sexos. La renovación de estos conciertos se enmarca en una línea política más amplia que impulsa una visión ultraconservadora en el sistema educativo, marginando la educación transversal en igualdad y diversidad y aumentando la presencia de la enseñanza religiosa.

Lo que está en juego no es solo el cumplimiento de una ley, sino el tipo de sociedad que queremos construir. Permitir que fondos públicos financien modelos educativos segregadores legitima una concepción de la sociedad basada en la diferencia y no en la igualdad, con consecuencias directas en la formación de nuestros niños y niñas. La educación debe ser un espacio de convivencia y respeto, no un instrumento para reproducir esquemas del pasado.