La operación, denominada «Balarama», ha permitido liberar a 80 personas que vivían en situación de vulnerabilidad extrema, hacinadas en viviendas sin condiciones mínimas de habitabilidad, a menudo sin agua ni electricidad. Los agentes han detenido a siete individuos, a quienes se atribuye la totalidad del proceso de explotación, desde la captación en países extranjeros hasta su sometimiento en el sector agrícola.

Las víctimas, en su mayoría hombres de entre 20 y 35 años, procedían principalmente de Nepal, Pakistán, Senegal y países árabes. Eran captadas mediante falsas ofertas de empleo difundidas por redes sociales y contactos personales, prometiéndoles salarios dignos, alojamiento y manutención en España.

Una vez aceptaban la oferta, eran trasladadas a España, generándoles una deuda que se utilizaba como mecanismo de control. Se les obligaba a trabajar largas jornadas, de hasta 12 o 13 horas diarias, en la recolección agrícola, sin descanso y con una remuneración inexistente o simbólica, ya que se les descontaban gastos de alojamiento y manutención.

La investigación, llevada a cabo por la Policía Judicial de la Guardia Civil de Castellón con el apoyo de la Fiscal Delegada para la trata de personas y la Inspección Provincial de Trabajo, ha revelado una estructura jerarquizada. Los líderes de la red eran un matrimonio de origen pakistaní que utilizaba empresas legales para simular la licitud de las actividades, operando principalmente en las comarcas de la Plana Baixa y el Alt Palància en Castellón, así como en el Camp de Morvedre, Camp de Túria y l'Horta Nord en Valencia. Su asentamiento principal era en Nules, donde las víctimas se distribuían en cuatro viviendas propiedad del matrimonio.

En los cinco registros domiciliarios realizados, se liberaron 77 hombres y 3 mujeres. Las diligencias han sido puestas a disposición judicial, y dos de los detenidos han ingresado en prisión. La operación ha contado con la colaboración de la Cruz Roja, Cáritas y el Banco de Alimentos para la atención de las víctimas.