La operación, denominada Balarama, ha permitido a la Guardia Civil de Castellón desmantelar una red dedicada a la trata de personas con fines de explotación laboral. Siete individuos han sido detenidos y 80 personas migrantes, 77 hombres y 3 mujeres de entre 20 y 35 años, han sido liberadas. Estas personas se encontraban en una situación de extrema vulnerabilidad, alojadas en condiciones insalubres, a menudo sin acceso a agua ni electricidad, y forzadas a trabajar más de 12 horas diarias.
Los detenidos son acusados de todo el proceso de explotación, desde la captación de las víctimas en sus países de origen con falsas promesas de empleo hasta su explotación en el sector agrícola en España. Las víctimas, mayoritariamente hombres de Nepal, Pakistán, Senegal o países árabes, eran atraídas mediante ofertas engañosas difundidas por redes sociales y contactos personales, prometiendo salarios dignos y alojamiento.
Las víctimas eran obligadas a trabajar largas jornadas en el campo, principalmente en la recolección agrícola, en condiciones muy precarias con jornadas de hasta 12 y 13 horas diarias sin apenas descanso. La remuneración era inexistente o meramente simbólica, ya que de los supuestos salarios se descontaban gastos por alojamiento, transporte o manutención.
Un matrimonio de origen pakistaní, propietario del asentamiento principal en Nules, ha sido identificado como uno de los principales beneficiarios de este entramado. El grupo operaba principalmente en las comarcas de la Plana Baixa y L'Alt Palància en Castellón, así como en el Camp de Morvedre, Camp de Túria y L'Horta Nord en Valencia. Las víctimas eran trasladadas a España, generando una deuda que se utilizaba como mecanismo de control y coacción. A su llegada, eran alojadas en viviendas con condiciones de hacinamiento extremo, sin requisitos de habitabilidad y sin suministros básicos.
La investigación, coordinada por la Fiscal Delegada para la trata de personas de la Fiscalía Provincial y con el apoyo de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social, ha revelado que la organización operaba de forma jerarquizada, utilizando empresas y estructuras legales para simular legalidad. Se han realizado cinco registros domiciliarios y dos de los siete detenidos han ingresado en prisión. La operación ha contado con la colaboración de entidades sociales y sanitarias como la Cruz Roja, Cáritas y el Banco de Alimentos para la atención de las víctimas.
