La operación, que ha culminado con la desarticulación de esta red, ha permitido imputar a los arrestados delitos de trata de seres humanos, contra los derechos de los trabajadores y favorecimiento de la inmigración irregular. Según ha informado el instituto armado, los detenidos se encargaban de todo el proceso, desde la captación hasta la explotación de las víctimas.
La organización atraía a personas en situación de vulnerabilidad de diversos países con falsas promesas de empleo, ofreciendo
buenas condiciones laborales, salarios dignos, alojamiento y manutención.
Una vez en España, las víctimas eran sometidas a una deuda que se utilizaba como mecanismo de control y coacción. Estas personas eran alojadas en condiciones de hacinamiento extremo, a menudo sin acceso a agua ni electricidad.
Eran forzadas a trabajar en el sector agrícola con jornadas extenuantes de hasta 12 o 13 horas diarias, con escaso descanso y una remuneración inexistente o meramente simbólica, según detalles proporcionados por la Guardia Civil. Además, carecían de contrato laboral y documentación, aumentando su vulnerabilidad.
El control sobre las víctimas se ejercía mediante amenazas, coacciones e incluso agresiones, generando un
clima de miedo constante.
La investigación, denominada operación Balarama, se desarrolló durante varios meses en coordinación con la Fiscalía Provincial de Castellón y el apoyo de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Durante la operación, se realizaron cinco registros domiciliarios y se identificó a un matrimonio de origen pakistaní como principales responsables. De los siete detenidos, dos han ingresado en prisión por orden judicial.
