La operación, denominada Balarama, ha culminado con la detención de siete individuos, dos de los cuales han ingresado en prisión. La investigación, que se ha extendido durante varios meses, ha revelado un complejo entramado dedicado a captar personas vulnerables en diversos países con falsas promesas de empleo.
Las víctimas, en su mayoría hombres de nacionalidad nepalí, pakistaní, senegalesa y de países árabes, eran trasladadas a España con la expectativa de salarios justos, alojamiento y manutención. Sin embargo, al llegar, se encontraban hacinadas en viviendas sin condiciones mínimas de habitabilidad, a menudo sin servicios básicos como agua o luz.
Eran forzadas a trabajar en el campo hasta 12 o 13 horas diarias, sin descanso y con una remuneración prácticamente inexistente o simbólica. Según la Guardia Civil, los supuestos salarios eran recortados con descuentos por gastos, aumentando la dependencia económica de las víctimas.
La organización utilizaba deudas generadas por el traslado como mecanismo de control, junto a amenazas, coacciones y agresiones, lo que creaba un clima de miedo que impedía a las víctimas escapar.
Además, las víctimas carecían de contrato laboral y de documentación legal, agravando su situación de vulnerabilidad. La operación ha sido coordinada con la Fiscalía Provincial de Castellón y ha contado con el apoyo de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
Fuentes de la investigación han indicado que el grupo operaba de manera jerarquizada, con miembros encargados de la captación, el traslado y el alojamiento, y un tercer grupo que gestionaba la explotación laboral y los beneficios. Los principales responsables identificados son un matrimonio de origen pakistaní, propietarios de varias viviendas en Nules donde se alojaba a las víctimas.
La red también hacía uso de empresas y estructuras legales para simular legalidad y evadir obligaciones con la Seguridad Social. El grupo actuaba principalmente en las comarcas de la Plana Baixa y l'Alt Palància, así como en zonas de la provincia de Valencia como el Camp de Morvedre, el Camp de Túria y l'Horta Nord. En total, se han realizado cinco registros domiciliarios y se han liberado 77 hombres y tres mujeres, con edades comprendidas entre los 20 y los 35 años.
Las diligencias han sido puestas a disposición judicial, y la autoridad competente ha decretado el ingreso en prisión de dos de los detenidos. Durante el operativo, diversas entidades sociales y sanitarias, incluyendo Cruz Roja, Cáritas y el Banco de Alimentos, han colaborado en la atención y protección de las víctimas.
