La empresa Residencial Finca Pons, S.L. ha hecho pública su denuncia sobre la situación de bloqueo urbanístico que afecta al sector Marymontaña II de Altea. Este ámbito, paralizado desde 2008, presenta según la documentación municipal una ejecución superior al 80%, pero sufre abandono, vandalismo y una notable falta de tutela administrativa.
La promotora recuerda que el pleno municipal del 22 de junio de 2017 resolvió la adjudicación del Programa de Actuación Integrada, incautó la fianza del anterior urbanizador y acordó iniciar una nueva programación de los terrenos. Sin embargo, nueve años después, esta nueva programación no se ha impulsado ni culminado, dejando a los propietarios en un limbo jurídico.
Residencial Finca Pons, S.L. subraya que la responsabilidad institucional no puede ocultarse, ya que existen informes municipales firmados por responsables políticos y técnicos que reconocen la falta de avances. Entre estos informes, mencionan los de Inmaculada Orozco Ripoll (entonces concejala de Urbanismo), el Jefe de Urbanismo, la arquitecta municipal Ana Beltrí Izquierdo, la Jefa de Servicio de Urbanismo y Medio Ambiente, Estefanía Martínez Martínez, y una Técnica de Administración General que en 2026 informó sobre la persistencia del bloqueo.
Para la promotora, estos documentos demuestran que el Ayuntamiento de Altea conocía la situación de inacabamiento del sector y no ha adoptado medidas efectivas para reactivarlo o permitir soluciones alternativas.
La compañía recuerda que los propietarios han cumplido todas las cargas urbanísticas, incluyendo la cesión de suelo dotacional y la equidistribución de beneficios y cargas. El Proyecto de Reparcelación, aprobado el 11 de agosto de 2006 e inscrito en el Registro de la Propiedad, confirma que el ámbito fue interrumpido por la administración, no abandonado por los particulares.
En el caso concreto de Residencial Finca Pons, S.L., la documentación acredita que la parcela satisfizo el 100% de las cuotas de urbanización y dispone de las infraestructuras básicas, quedando pendientes únicamente actuaciones de remate o conexión. Esto refuerza la denuncia de un bloqueo desproporcionado por parte del Ayuntamiento.
La promotora también denuncia que el Ayuntamiento no ha formalizado el acta de recepción de la urbanización, un trámite esencial que debía realizarse a partir del informe técnico del 5 de diciembre de 2016. Para Residencial Finca Pons, S.L., se trata de un funcionamiento anormal de la administración.
Residencial Finca Pons, S.L. reclama al Ayuntamiento de Altea que identifique a los responsables de la inactividad administrativa, explique el destino de los recursos y garantías vinculados al antiguo programa, incluyendo la fianza incautada y los ingresos por la venta del 10% de aprovechamiento municipal, y que adopte una solución jurídica viable para desbloquear las parcelas y garantizar los derechos de los propietarios.
La promotora concluye que Marymontaña II “no puede seguir atrapado en un limbo urbanístico que vulnera la legalidad y perjudica gravemente a quienes cumplieron con todas sus obligaciones”.
