Los titulares de amarres del puerto de Altea impulsan acciones legales

La Comunidad de Titulares de Amarres del Puerto Luis Campomanes de Altea ha aprobado una ofensiva jurídica y pública para defender sus derechos.

Imagen genérica de un amarre en un puerto deportivo.
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Imagen genérica de un amarre en un puerto deportivo.

La Comunidad de Titulares de Amarres del Puerto Luis Campomanes de Altea ha aprobado por unanimidad una ronda de financiación para impulsar la difusión pública del conflicto e iniciar acciones inmediatas.

La concesión del puerto de Campomanes de Altea sigue arrastrando el conflicto con los titulares de amarres. Una Asamblea General Extraordinaria, celebrada el pasado 31 de marzo y hecha pública este martes, ha dado luz verde a una primera ronda de financiación. El objetivo es impulsar la difusión pública del conocido como "Caso Campomanes" y poner en marcha acciones de manera inmediata.
La concesionaria del Puerto Deportivo Marina Greenwich comunicó al Club Náutico que tenía hasta el 7 de mayo de 2026 para abandonar las instalaciones que ellos mismos construyeron, después de 42 años de historia en el puerto. Esta decisión se tomó tras obtener una prórroga de 10 años otorgada por la Conselleria de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad. Los afectados consideran que esta autorización no es extensible a otros derechos de uso que se vendieron, como la explotación del club y la titularidad de los amarres.

"Se pretende convertir una simple prórroga administrativa en un instrumento para vaciar de contenido derechos consolidados durante décadas, desplazar a titulares legítimos y abrir una operación con un potencial beneficio millonario que resulta totalmente desproporcionado e incompatible con el interés público."

un portavoz de la Comunidad de Titulares de Amarres
La Comunidad de Titulares de Amarres del Puerto Luis Campomanes, que representa a 432 titulares, ha aprobado activar una "ofensiva jurídica, institucional y pública en defensa de sus derechos y contra Marina Greenwich S.A.". Consideran que la actuación de la concesionaria es de extrema gravedad, basada en la alteración de derechos adquiridos, la imposición de condiciones económicas desorbitadas y un aprovechamiento abusivo de una concesión sobre dominio público.
Los afectados denuncian que la gravedad del caso aumenta por la existencia de numerosas actuaciones irregulares y probablemente ilegales, por la presión ejercida sobre titulares y negocios, y por un modelo orientado a maximizar la rentabilidad de una concesión pública a costa de derechos preexistentes. Por ello, advierten que llevarán el caso hasta sus últimas consecuencias y exigirán responsabilidades en todas las instancias necesarias.