La Dirección General de Costas, Puertos y Aeropuertos, dependiente de la Vicepresidencia Tercera, ha decidido intervenir para tutelar el proceso. Aunque se trata de una cuestión de carácter civil entre el concesionario y los usuarios, la Administración autonómica ejerce su función de vigilancia sobre el dominio público portuario para garantizar la paz social.

El director general del área ha señalado que, aunque la relación administrativa se mantiene directamente con la empresa concesionaria, la voluntad del Consell es acercar posturas. El objetivo es evitar una escalada del conflicto y lograr una solución estable para todas las partes implicadas.

Como resultado de las primeras reuniones, se ha pactado mantener las condiciones actuales durante el próximo mes y medio. Este plazo servirá para que tanto la empresa como los amarristas puedan presentar sus propuestas antes del próximo encuentro de la mesa de diálogo.