“"Lo que estamos viendo es un intento deliberado de ocultar información a la ciudadanía. Cuando hay sospechas de enchufismo y de utilización de las instituciones para beneficiar a personas cercanas al poder, lo mínimo exigible es transparencia total, no levantar muros administrativos para impedir el control democrático."
El PSPV-PSOE denuncia opacidad en el expediente de la pareja de Pérez Llorca en Finestrat
Los socialistas reclaman acceso completo a la documentación sobre la plaza de funcionaria y el incremento salarial de la trabajadora.
Por Neus Mollà i Roca
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Imagen genérica de documentos oficiales apilados, con un edificio gubernamental desenfocado al fondo.
El PSPV-PSOE ha denunciado que el Ayuntamiento de Finestrat ha denegado el acceso al expediente completo de la pareja del presidente de la Generalitat, Juan Francisco Pérez Llorca, considerándolo crucial para la transparencia.
La formación socialista considera que la negativa a facilitar esta documentación impide ejercer el control democrático sobre un caso que, a su juicio, plantea dudas sobre la transparencia en la obtención de la plaza de funcionaria y su evolución dentro de la administración local.
Esta denuncia se enmarca en las críticas previas del PSPV-PSOE por el traslado de la trabajadora a la Diputación de València mediante una comisión de servicios tramitada por “urgente necesidad”. Los socialistas sostienen que este procedimiento no se ha justificado de forma suficiente y que habría supuesto además un incremento salarial que supera los 52.000 euros anuales, prácticamente el doble de sus ingresos previos en la administración local.
La dirigente socialista, Mayte García, ha advertido además de que el Partido Popular está tratando la administración como si fuera un “cortijo” y ha exigido la entrega inmediata de toda la documentación solicitada. Ha remarcado que el partido mantendrá la presión política hasta conocer con detalle la tramitación de este caso.
Con esta denuncia, el PSPV-PSOE vuelve a situar el foco en la gestión de personal vinculada a administraciones gobernadas por el PP y en la necesidad, según defienden, de reforzar la transparencia cuando existen sospechas de trato de favor o de utilización de recursos públicos en beneficio de personas próximas al poder.



