Los socialistas reclaman destinar esta cantidad a la amortización de la deuda derivada de la sentencia urbanística. Según un edil socialista, utilizar esos fondos permitiría reducir los plazos de pago y ahorrar millones de euros en intereses de una operación que podría alcanzar los 570 millones y que se prolongará durante 47 años.
“"El gobierno popular 'saca pecho' de la situación económica municipal mientras Benidorm afronta la mayor condena urbanística de su historia. Mantienen un discurso 'triunfalista' para ocultar una gestión lamentable y reclaman priorizar la reducción de la deuda frente a otros gastos."
Además, el edil socialista ha cargado contra la baja ejecución de inversiones municipales reflejada en el informe de Intervención de la liquidación presupuestaria de 2025. Según señala, el nivel de ejecución cayó hasta el 32,6%, una situación que, a su juicio, pone en riesgo subvenciones europeas vinculadas a proyectos como el plan “Verde y Agua”.
La respuesta del gobierno local no se ha hecho esperar. Una concejala de Hacienda ha reafirmado que el Ayuntamiento hará “un uso cabal y justo” del remanente “siguiendo el criterio de los técnicos municipales” y priorizando “el interés general de los benidormenses”. Ha defendido la gestión económica del ejecutivo y ha afirmado que la existencia de ahorro municipal demuestra que las cuentas del Ayuntamiento están “saneadas”.
“"El PSOE mantiene un discurso 'catastrofista' pese a que la solución adoptada para afrontar la sentencia de Serra Gelada permitirá hacer frente a los pagos sin subir impuestos."
La concejala también responsabiliza directamente al PSOE del origen del conflicto urbanístico. Mantiene una versión en que los convenios vinculados a Serra Gelada fueron aprobados en 2013 por el gobierno socialista “en solitario y pese a los informes técnicos”, y alude a que aquellas decisiones desembocaron posteriormente en la reclamación económica que ha derivado en la millonaria sentencia.
