El gobierno local de Altea ha rechazado las acusaciones de inactividad administrativa y ha subrayado que su actuación “ha sido avalada por los tribunales”. La promotora había denunciado una “prolongada pasividad” municipal desde la resolución del anterior programa urbanístico en 2017, así como el incumplimiento de acuerdos plenarios y la falta de impulso para reactivar el sector, una situación que, según Residencial Finca Pons, “ha generado perjuicios económicos a los propietarios y un bloqueo urbanístico”.
Además, la mercantil solicitaba “la suspensión del Plan General Estructural de Altea” y proponía como alternativa “la tramitación de un Programa de Actuación Aislada”. El Ayuntamiento, por su parte, ha recordado que las pretensiones de la mercantil “ya han sido analizadas en sede judicial”, citando la Sentencia nº 339/2025 del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de Alicante, que “desestimó el recurso interpuesto por Residencial Finca Pons contra la resolución municipal de 11 de noviembre de 2024”.
El fallo judicial es concluyente al declarar ajustada a Derecho la actuación municipal y al establecer que la empresa no tiene derecho a edificar en el sector mientras no se complete el proceso de urbanización ni exista una programación urbanística en vigor. Es decir, el planeamiento por sí solo no habilita para construir.
El consistorio ha afirmado que la resolución judicial “avala expresamente la decisión del Ayuntamiento de inadmitir la solicitud de licencia presentada por la mercantil, reforzando la posición municipal en este conflicto”. En relación con la situación del sector, el anterior programa urbanístico “fue resuelto por acuerdo plenario de 22 de junio de 2017, lo que hacía necesaria una nueva programación”. El Ayuntamiento asegura que este proceso “se encuentra actualmente en marcha a través de una agrupación de interés urbanístico del sector”, a la que la mercantil denunciante “no se ha adherido”.
El bipartito Compromís-PSOE ha insistido en que la prioridad “es garantizar un crecimiento ordenado, seguro y generador de oportunidades”, y ha cuestionado la viabilidad jurídica de la propuesta de la promotora de tramitar un Programa de Actuación Aislada. Fuentes municipales han desvelado que los terrenos de Porto Senso “son propiedad del grupo Rover excepto una parcela adquirida hace poco por Residencial Finca Pons”.
La tensión también se traslada al ámbito del Plan General Estructural, cuya aprobación definitiva sigue pendiente y sobre el que la empresa denunciante ha solicitado su suspensión. El Ayuntamiento defiende que el planeamiento no puede quedar condicionado por interpretaciones unilaterales ni por escenarios no validados judicialmente, advirtiendo del riesgo de generar inseguridad jurídica. El consistorio reafirma su compromiso con el desarrollo urbanístico de Altea, pero subraya que este “debe producirse bajo criterios de legalidad, responsabilidad y respeto a las resoluciones judiciales”.
